El gobierno británico anunció el lunes la prohibición de cualquier forma de apoyo al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (IRGC) de Irán, al Movimiento Islámico de los Compañeros de la Derecha (IMCR) y al cuerpo de voluntarios del servicio de inteligencia militar ruso GRU. La decisión, comunicada por la ministra del Interior, Shabana Mahmood, se ampara en la nueva Ley de Seguridad Nacional (Amenazas Estatales) de 2026 y convierte en delito penal la expresión de opiniones favorables, la asistencia material o la aceptación de beneficios de estas organizaciones, con penas de hasta catorce años de prisión. Quienes cometan actos de sabotaje en nombre de estos grupos, incluidos incendios provocados, podrán enfrentar cadena perpetua si el Parlamento aprueba esta semana los reglamentos correspondientes.

Desde Londres, el primer ministro Keir Starmer justificó la medida al afirmar que “jamás permitiremos que Gran Bretaña sea un patio de recreo para Estados que quieran sembrar el miedo, la división y la violencia en nuestras calles”. El Ministerio del Interior detalló que el IRGC ha estado vinculado a amenazas de muerte e intimidación en suelo británico, y que la Fuerza Quds del cuerpo “casi con certeza” dirigió los siete ataques reivindicados por el IMCR contra sinagogas, ambulancias de la comunidad judía y un medio de comunicación en lengua persa. En paralelo, la ministra de Exteriores, Yvette Cooper, convocó al embajador iraní en Londres para trasladar la protesta por “actividades hostiles”. Teherán no emitió una respuesta oficial inmediata, aunque con anterioridad ha negado el uso de intermediarios y ha calificado acusaciones similares de “infundadas y con motivación política”.

La decisión británica no equivale a una proscripción como organización terrorista bajo la Ley de Terrorismo de 2000, un paso que sucesivos gobiernos evitaron por los desafíos jurídicos de aplicar ese marco a un órgano estatal extranjero. En su lugar, el nuevo mecanismo —similar en sus efectos a la proscripción— colma un vacío legal al permitir perseguir a grupos que actúan como representantes de potencias extranjeras sin necesidad de probar en cada caso el vínculo estatal directo. Desde Bruselas, la inclusión del IRGC en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea en enero de 2025, tras la represión de protestas en Irán, y las designaciones previas de Estados Unidos, Canadá y Australia, enmarcan la medida británica en un alineamiento occidental más amplio frente a las operaciones encubiertas de Teherán y Moscú.

Analistas en Madrid y Buenos Aires observan que la aceleración legislativa responde a la creciente preocupación por el uso de redes criminales como proxy en Europa, evidenciada en el apuñalamiento de un periodista de Iran International en Londres —por el que dos ciudadanos rumanos fueron condenados como agentes del Estado iraní— y en los incendios de ambulancias en Golders Green. El gobierno laborista, que en abril prometió tramitar con urgencia la ley, ha destinado además 250 millones de libras en tres años para reforzar la protección de las comunidades judías. La votación parlamentaria está prevista para finales de esta semana; de ser aprobada, la prohibición entraría en vigor en la madrugada del 17 de julio, otorgando a la policía y a los servicios de inteligencia nuevas herramientas para desarticular las redes de influencia estatal extranjera en el país.