La Fiscalía Europea (EPPO) llevó a cabo este martes registros simultáneos en Francia, España, Italia y Bélgica en el marco de una investigación por presunta malversación de fondos comunitarios atribuida al antiguo grupo parlamentario Identidad y Democracia (ID). Las diligencias, coordinadas por la oficina central francesa de lucha contra la corrupción, se centran en el período 2019-2024 y en un monto de 4,33 millones de euros que, según un informe de la Dirección de Asuntos Financieros del Parlamento Europeo, habrían sido gastados de forma irregular en servicios de comunicación y otros gastos operativos. La operación afecta a proveedores que trabajaron para el grupo, en particular al fundador de una agencia de comunicación señalado como principal contratista del Rassemblement National (RN) francés.

Desde la óptica de Bruselas, la EPPO —órgano independiente creado en 2021 para perseguir el fraude contra el presupuesto de la UE— subraya que actúa con plena autonomía y que las pesquisas se limitan a hechos concretos, sin motivación política. En contraste, en París el presidente del RN, Jordan Bardella, calificó la operación de “operación de acoso” y vinculó su cronología al calendario electoral y judicial francés. “Como siempre, los procedimientos judiciales anuncian el calendario electoral”, afirmó en la red social X, al tiempo que denunció la apertura de una investigación separada sobre un empleo que ocupó como asistente parlamentario hace doce años. Desde Roma, fuentes de la Lega de Matteo Salvini —socia del RN en ID— evitaron pronunciarse públicamente, mientras que en Madrid las diligencias se circunscribieron a los domicilios de prestadores de servicios, sin que conste la implicación de formaciones políticas españolas.

El nuevo frente judicial se suma a la ya compleja situación del RN: el próximo 7 de julio la Corte de Apelación de París debe decidir si confirma la inhabilitación de Marine Le Pen en el caso de los asistentes parlamentarios europeos, lo que podría impedir su candidatura a las elecciones presidenciales de 2027. La coincidencia temporal ha llevado a dirigentes del partido, como el diputado Jean-Philippe Tanguy, a considerar “inquietante” que el caso resurja una semana antes de ese fallo. Analistas en medios franceses señalan que la acumulación de causas —la presente sobre fondos del grupo ID, la sentencia pendiente de Le Pen y la pesquisa sobre el empleo de Bardella— configura un escenario de presión judicial inédito para la principal fuerza de oposición.

El grupo Identidad y Democracia, disuelto tras las elecciones europeas de 2024, agrupó a eurodiputados del RN, la Lega, Alternativa para Alemania y otras formaciones de derecha radical. La investigación de la EPPO se abrió en julio de 2025 a raíz del informe parlamentario y se ha mantenido bajo secreto hasta las revelaciones del diario Le Monde. La Fiscalía ha confirmado que las medidas de investigación continúan, pero ha rehusado dar más detalles para no comprometer el procedimiento. Se espera que en las próximas semanas se produzcan nuevas diligencias, mientras el Parlamento Europeo colabora con las autoridades judiciales para esclarecer el destino de los fondos.