La revelación de más de 210.000 millones de nairas en asignaciones duplicadas y superpuestas en el presupuesto federal de Nigeria para 2026 ha desatado una tormenta política en Abuja. El exvicepresidente Atiku Abubakar exigió una investigación forense inmediata y la identificación de los funcionarios responsables, calificando la gestión del presidente Bola Tinubu como una de las más irresponsables fiscalmente en la historia democrática del país. Este señalamiento se produce mientras un informe de una organización de tecnología cívica con sede en Lagos advierte que el déficit fiscal proyectado, equivalente al 6,41% del PIB, duplica el límite legal del 3% establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal, lo que, según analistas financieros en Lagos, incrementa la presión sobre una deuda pública que ya supera los 156 billones de nairas.

Desde la oposición, el partido Congreso Democrático Africano (ADC) ha vinculado estas irregularidades presupuestarias con el deterioro de las condiciones de vida, citando cifras del Banco Mundial que sitúan a 139 millones de nigerianos por debajo del umbral de pobreza y a 17 millones en situación de hambre aguda, según el Programa Mundial de Alimentos. Para la ADC, estas cifras son la consecuencia directa de políticas económicas neoliberales que, a su juicio, han priorizado los indicadores macroeconómicos sobre el bienestar ciudadano. El gobierno federal, por su parte, defiende las reformas —incluida la eliminación de subsidios a los combustibles y la unificación cambiaria— como medidas necesarias para estabilizar la economía, y señala el crecimiento de las reservas internacionales hasta los 45.500 millones de dólares como prueba de que las políticas están dando resultados, aunque reconoce que la transición es dolorosa.

En paralelo, la vulnerabilidad climática agrava el panorama social. El gobierno nigeriano ha colocado a 33 estados en alerta máxima por inundaciones entre julio y septiembre, con más de 14.000 comunidades en riesgo. En la vecina Ghana, las graves inundaciones de junio en Acra —las peores desde 1995— han reavivado el debate sobre la infraestructura de drenaje. Un análisis técnico difundido en la capital ghanesa cuestiona la eficacia de los grandes estanques de retención propuestos y aboga por un modelo de resiliencia distribuida con pequeñas cuencas en los puntos críticos de la ciudad. El Foro Africano de la Juventud por el Agua, con sede en Acra, ha instado a los gobiernos de la región a invertir en sistemas de agua resilientes al clima, advirtiendo que las inundaciones recurrentes contaminan fuentes de agua potable y disparan los casos de cólera y fiebre tifoidea.

Este cóctel de fragilidad fiscal y exposición climática no es exclusivo de África Occidental. Un estudio de la Consultoría de Presupuesto de la Cámara de Diputados de Brasil proyecta que la deuda pública federal brasileña superará el 100% del PIB entre 2032 y 2035, en un escenario de “fatiga fiscal” donde el país pierde capacidad de estabilizar el endeudamiento mediante superávits primarios. El informe, elaborado en Brasilia, estima que sería necesario un ajuste anual equivalente a 330.000 millones de reales para estabilizar la deuda en el nivel actual del 81% del PIB, una cifra que supera con creces el gasto discrecional disponible. Mientras tanto, en Nigeria, la Asamblea Nacional enfrenta presiones para auditar el presupuesto y exponer a los responsables de las duplicaciones, en un contexto donde las agencias humanitarias advierten que 35 millones de personas podrían enfrentar inseguridad alimentaria aguda en la temporada de escasez de 2026. La próxima cita clave será la presentación del proyecto de directrices presupuestarias de 2028 en Brasil, y en Nigeria, el inicio de la temporada de lluvias, que pondrá a prueba tanto la preparación ante desastres como la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos más vulnerables.