La transición presidencial en Colombia ha entrado en un terreno sin precedentes. El presidente saliente, Gustavo Petro, confirmó que no asistirá a la ceremonia de investidura de Abelardo de la Espriella el próximo 7 de agosto ni le entregará la banda presidencial, alegando un presunto fraude electoral que, según sus propias palabras, involucraría 848.000 votos del exterior. Hasta la fecha, las autoridades electorales no han encontrado mérito a esas denuncias y el Consejo Nacional Electoral ya entregó las credenciales al mandatario electo. De manera paralela, De la Espriella ha anunciado una reforma administrativa que eliminará la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y otras consejerías de derechos humanos y reconciliación, trasladando sus funciones a ministerios y suprimiendo 229 cargos.

Desde la óptica del gobierno entrante, estas medidas buscan “acabar con los procesos de falsa paz” y reorientar el Estado hacia la seguridad. De la Espriella ha calificado al excomandante de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, como un “criminal de guerra” que “merece la pena de prisión perpetua”, y ha prometido trabajar para encarcelarlo, pese a que este se encuentra bajo la jurisdicción de la Justicia Especial para la Paz (JEP). En respuesta, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, ha invitado formalmente al presidente electo a un diálogo institucional, recordando que el tribunal cuenta con un blindaje jurídico nacional e internacional respaldado por el Consejo de Seguridad de la ONU y la Corte Penal Internacional.

La comunidad internacional ha reaccionado con llamados a la mesura. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, advirtió en su más reciente informe que una transición “fluida y cooperativa” es esencial para preservar los avances del Acuerdo de Paz de 2016, cuyo cumplimiento es una obligación constitucional para los próximos tres períodos de gobierno. La Misión de Verificación de la ONU documentó que 493 excombatientes han sido asesinados desde la firma del acuerdo y que la violencia persiste en zonas donde la implementación ha sido insuficiente. La Defensora del Pueblo, Iris Marín, recordó al presidente electo que el pacto está blindado y que cualquier retroceso afectaría los derechos de las víctimas.

En el plano legislativo, la disputa se extiende al lugar de la posesión. De la Espriella ha solicitado al Congreso que la ceremonia se realice en una guarnición militar, propuesta que el presidente Petro ha vetado en su calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Militares. Mientras el partido de gobierno prepara una ponencia para impedirlo, la bancada del presidente electo argumenta que la Constitución permite al Legislativo sesionar en otro lugar. El secretario del Congreso ha señalado que la decisión final recae en el jefe de Estado saliente. Con el empalme entre gobiernos suspendido y sin comunicación directa, el país se encamina hacia un relevo marcado por la confrontación ideológica y la incertidumbre sobre el futuro del modelo de justicia transicional.