Juan Orlando Hernández regresó el domingo a Honduras tras recibir un indulto del presidente estadounidense Donald Trump que anuló su condena a 45 años de prisión por narcotráfico. Aterrizó en el aeropuerto de Palmerola en un vuelo privado, donde fue recibido por su familia y cientos de simpatizantes. Hernández comparecerá el 3 de agosto ante un tribunal hondureño por presunto fraude y lavado de activos, acusado de desviar dos millones de dólares de fondos públicos para financiar su campaña presidencial de 2013. Un juez suspendió la orden de captura bajo el compromiso de presentarse voluntariamente, lo que permitió su retorno sin ser detenido.

En su primer mitin en Comayagua, el exmandatario agradeció a Trump y calificó el proceso judicial en Estados Unidos como “una cacería de brujas” y el uso de la justicia como arma política. Hernández sostuvo su inocencia y pidió que el nuevo proceso no se politice. Desde su óptica, y la de sus partidarios del conservador Partido Nacional, el expresidente es víctima de una persecución. Aunque aseguró regresar “sin ambiciones políticas”, dejó abierta la puerta a un eventual retorno si Honduras enfrenta lo que llamó un nuevo “radicalismo”, en alusión al anterior gobierno de izquierda. Su esposa, Ana García, y seguidores le organizaron caravanas y actos religiosos, reforzando un discurso de reivindicación.

La condena original de 2024 en Nueva York lo halló culpable de facilitar el ingreso de cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos en alianza con narcotraficantes como Joaquín “El Chapo” Guzmán. La fiscalía estadounidense lo acusó de convertir Honduras en un “narco-Estado”. El indulto de Trump llegó días antes de las elecciones generales, en las que su copartidario Nasry Asfura resultó electo tras amenazas de Washington de cortar la ayuda. Para analistas centroamericanos y la Organización WOLA, el perdón presidencial “reabre el debate sobre la impunidad” y pone a prueba la independencia judicial hondureña, en un contexto donde la mayoría conservadora del Congreso destituyó recientemente al fiscal general cercano a la izquierda. Desde sectores opositores se denunció una injerencia electoral y un mensaje de debilidad ante el crimen organizado.

El caso local, denominado “Pandora II”, involucra a una supuesta red de corrupción que desvió casi once millones de dólares de fondos estatales hacia campañas políticas. El expediente también salpicó al expresidente Porfirio Lobo, quien fue sobreseído, lo que genera dudas sobre la viabilidad de la acusación actual, según abogados consultados. La directora de WOLA para Centroamérica, Ana María Méndez, señaló que el retorno de Hernández es una prueba para la justicia hondureña y reaviva la polarización. El analista Joaquín Mejía calificó la situación como “una bofetada a las víctimas”. El proceso del 3 de agosto definirá el rumbo de un expediente que observan Washington, la izquierda latinoamericana y organismos de derechos humanos, mientras el exmandatario intenta recuperar bienes confiscados y sus detractores exigen que las causas por corrupción no queden impunes.