La plaza de España, en el centro de Palma, se fue llenando al atardecer del domingo con un mosaico de cartones pintados a mano. «Mallorca overbooked», «Ya no cabe nadie más», se leía en letras improvisadas mientras miles de personas —25.000 según la policía local, hasta 40.000 esperaban los convocantes— iniciaban una marcha lenta hacia la catedral. El calor de la última semana de julio envolvía una protesta que, por tercer año consecutivo, sacaba a la calle a vecinos, asociaciones de barrio y grupos ecologistas bajo una misma consigna: la isla ha tocado techo.

La movilización, convocada por la plataforma Menys Turisme, Més Vida, no pedía el fin del turismo sino un decrecimiento que los organizadores califican de «ineludible». La exigencia central es un límite al número de visitantes. Los manifestantes responsabilizan al alquiler vacacional y al aumento imparable de llegadas —de 7,5 millones de turistas hace dos décadas a más de 19 millones hoy— de una crisis de vivienda que expulsa a los residentes. «Mucha gente con un ingreso normal apenas puede pagar un alquiler», denunciaban los portavoces, mientras desde el norte de Europa medios suecos recogían el testimonio de trabajadores del sector servicios que viven en furgonetas por no poder costear un techo en la isla. La fecha se eligió para coincidir con la cima de la temporada alta, ese intervalo entre finales de julio y principios de agosto en que las Baleares reciben la mayor presión de visitantes, sobre todo de Alemania y el Reino Unido.

La paradoja es profunda y no escapa a quienes la viven desde dentro. Un turista sueco entrevistado lejos del epicentro de la marcha confesaba entender el hartazgo en «zonas extremas» como Magaluf —«es asqueroso, los españoles se han ido de allí»—, pero advertía que sin turismo «la isla se podría cerrar». Esa dependencia quedó al desnudo durante la pandemia, cuando el parón repentino dejó a miles sin empleo. Ahora, con cifras récord que apuntan a superar los 100 millones de visitantes en toda España este año, los activistas insisten en que no se trata de rechazar al forastero sino de exigir a los políticos una regulación que haga compatible la actividad económica con una vida digna para el residente. La protesta se producía, además, a un año de las elecciones regionales, lo que añadía un eco de presión legislativa a las pancartas.

Al caer la noche, la manifestación derivó en cargas policiales que dejaron ocho heridos, dos de ellos trasladados a un centro hospitalario, entre ellos un fotógrafo golpeado en la cabeza por un agente, según recogieron medios locales. El diputado Vicenç Vidal difundió un vídeo de los incidentes y exigió la dimisión del delegado del Gobierno. Pero antes de la tensión, la jornada había reservado un gesto de arraigo: la cantante germano-mallorquina Maria Hein entonó «La Balanguera», el himno de la isla, ante una multitud que, por un instante, dejó de ser protesta para volver a ser pueblo. Esa melodía, flotando sobre el paseo marítimo, recordaba que lo que está en juego no es una cifra de visitantes, sino la textura cotidiana de un territorio que se niega a ser solo un decorado vacacional.