La Asociación de Docentes Universitarios de Ghana (UTAG) fijó el 30 de junio como plazo para que el gobierno resuelva demandas salariales y de condiciones laborales, bajo amenaza de huelga. La decisión, tomada el 18 de junio, responde a demoras en la firma de un ajuste salarial interino, la regularización de contratos posjubilación y el pago de asignaciones de investigación. La posible paralización de las universidades públicas añade presión inmediata: el Ejecutivo tiene diez días para mostrar avances y evitar la interrupción del calendario académico.

En Nigeria, el gobierno federal acaba de liberar fondos para saldar cinco meses de asignaciones atrasadas, dando un respiro a universidades como la de Lagos. No obstante, ASUU y CONUA advierten que siguen sin resolverse los salarios retenidos de la huelga de 2022 —tres meses y medio de trabajo ya realizado— y los incrementos del 25% y 35% aún no aplicados. Los gremios temen que el gobierno intente transferir de forma permanente la carga salarial a los ingresos propios de cada institución, algo que consideran insostenible dada la fragilidad financiera de las universidades.

En Irán, la crisis habitacional de los docentes jóvenes ilustra la profundidad del deterioro: el rector de la Universidad de Tabriz reveló que varios profesores residen en sus lugares de trabajo por no poder pagar un alquiler. Aunque este año se aprobó un incremento presupuestario para el personal universitario, su aplicación está bloqueada por objeciones de los órganos de control fiscal, que cuestionan la vía legal de pago. La solución de activar los patronatos universitarios aún no se concreta, y el escepticismo crece tras un aumento del 30% suspendido hace tres años.

En Argentina, la convocatoria del gobierno de Milei a renegociar convenios colectivos del sector público fue rechazada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) como un “chantaje” para forzar la renuncia a derechos y bonificaciones. El sindicato denuncia que la Secretaría de Trabajo actúa como ejecutora del ajuste, no como mediadora. Simultáneamente, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) amenaza con reducir el servicio de transporte en el área metropolitana de Buenos Aires si no logra una recomposición salarial que compense la inflación, con subsidios que las empresas consideran insuficientes.

El patrón que emerge es el de un sector público y universitario sometido a erosión salarial persistente, con negociaciones estancadas por trabas burocráticas y presupuestarias. El 30 de junio marca el primer umbral en Ghana; en Nigeria, la atención se centra en la inclusión de las partidas en el presupuesto de 2026, y en Argentina los gremios iniciarán consultas que podrían derivar en paros si el gobierno no modifica su postura.