El 30 de junio vence el plazo para que los usuarios de telefonía móvil en México registren sus líneas, una obligación legal que, según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), podría generar complicaciones en aplicaciones de banca móvil si no se cumple. El presidente del organismo, Óscar Rosado, recomendó no esperar al último momento y advirtió que las instituciones financieras y otros intermediarios podrían enfrentar problemas en servicios que dependen de la telefonía como mecanismo de autenticación. BBVA México, por medio de su director de Comunicación, Mauricio Pallares, aclaró que la aplicación móvil del banco seguirá funcionando mientras el cliente conserve acceso a internet, ya sea por datos móviles o WiFi, porque las transacciones no dependen de mensajes SMS. Sin embargo, la entidad precisó que procesos administrativos como el alta inicial de la app o el cambio de dispositivo sí requieren llamadas o mensajes de texto; si la línea no está registrada y pierde la capacidad de recibirlos, el usuario no podrá completar esas activaciones.

En paralelo, el Banco de México (Banxico) publicó en el Diario Oficial de la Federación modificaciones para estandarizar la experiencia de transferencias en aplicaciones bancarias y crear las cuentas “Nivel 2 Bis”, diseñadas para micro y pequeños comercios. Estas cuentas permitirán ingresos mensuales de hasta 15 mil Unidades de Inversión —equivalentes a unos 132 mil pesos—, de los cuales al menos 12 mil Udis (aproximadamente 105 mil 600 pesos) deberán provenir de pagos digitales. La autoridad monetaria busca con ello impulsar el uso de herramientas como SPEI, CoDi y DiMo frente a la persistente preferencia por el efectivo. Las instituciones financieras tienen como fecha límite el 14 de diciembre para implementar los cambios. Analistas en Ciudad de México señalan que la homologación de interfaces podría reducir la confusión de los usuarios y acelerar la adopción de medios electrónicos de pago.

El entorno regulatorio mexicano incluye además un frente judicial. Un tribunal colegiado en el Estado de México otorgó una suspensión definitiva a una ciudadana que promovió un amparo contra la entrega de datos biométricos para el registro de líneas telefónicas y contra la creación de la CURP Biométrica. Los magistrados argumentaron que la línea entre lo voluntario y lo obligatorio “resulte bastante tenue, acaso borrosa o indistinguible”, pues las sanciones y la exigencia del documento para cualquier trámite anulan la libertad real de elección. Asimismo, advirtieron que la acumulación masiva de información biométrica “es una cuestión de especial preocupación para la dignidad humana, la autonomía y la vida privada”, y recordaron que los lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones prohíben a las compañías conservar esos datos. Especialistas jurídicos en México subrayan, no obstante, que el actual registro obligatorio de líneas —vigente desde enero de 2026— no solicita biométricos, a diferencia del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) que la Suprema Corte declaró inconstitucional en 2022 por afectar de manera desproporcionada los derechos a la privacidad y a la protección de datos personales.

Desde la óptica de Bogotá, Colombia ofrece un contraste significativo. El país se ha convertido en un mercado atractivo para la llegada de bancos digitales gracias a más de 90 millones de líneas móviles activas, cerca de 40 millones de usuarios de internet y una regulación que, según el socio de Baker McKenzie Colombia, Ricardo Trejos, ha sido pragmática y procompetitiva. Se han habilitado entidades sin red tradicional de oficinas, se han fortalecido las billeteras electrónicas y se ha avanzado en iniciativas de finanzas abiertas, lo que facilita modelos de negocio nativos digitales con estructuras operativas más ligeras. A diferencia de México, donde la digitalización convive con debates sobre privacidad y obligatoriedad, en Colombia el regulador ha buscado un equilibrio entre innovación y solidez financiera, fomentando tanto la entrada de nuevos jugadores como esquemas de colaboración entre fintech y banca tradicional. El plazo del 30 de junio se mantiene como la próxima prueba para los usuarios mexicanos, mientras el amparo contra la CURP Biométrica sigue su curso y la implementación de las reglas de Banxico se espera para diciembre; en Colombia, la tendencia de nuevos bancos digitales continúa sin una fecha límite disruptiva.