A dos semanas de dejar el poder, el presidente colombiano Gustavo Petro prohibió que instalaciones militares se alisten para la ceremonia de investidura del mandatario electo, Abelardo de la Espriella, prevista para el 7 de agosto. Simultáneamente, durante un acto de devolución de la espada de Simón Bolívar a la Casa Museo Quinta de Bolívar, Petro afirmó que su sucesor «obedece directamente» al Departamento de Estado de Estados Unidos. La orden presidencial, comunicada a las Fuerzas Militares, bloquea de facto los preparativos en guarniciones o establecimientos castrenses mientras Petro siga siendo comandante supremo.

La decisión responde al plan de De la Espriella de jurar el cargo en una base militar del departamento del Cauca, con el argumento de enviar un mensaje de autoridad estatal y respaldo a la Fuerza Pública. Desde el entorno del presidente electo, según fuentes legislativas colombianas, se considera que la medida de Petro es un intento de sabotear la transición y deslegitimar un acto que ya cuenta con la aprobación del Senado para trasladar la sede del Congreso al Cauca, a la espera del voto de la Cámara de Representantes. Petro, por su parte, justificó su postura alegando que las posesiones civiles deben realizarse «ante el pueblo y no ante las armas», y denunció que la doble nacionalidad de De la Espriella —colombiano-estadounidense— es una muestra de la pérdida de independencia nacional.

Analistas en Bogotá advierten que esta disputa ahonda la polarización y erosiona la tradición civilista del país. La elección de junio, en la que De la Espriella obtuvo el 49,66 % de los votos frente al 48,70 % del izquierdista Iván Cepeda, no ha sido reconocida por el gobierno saliente, que alega fraude e injerencia de Washington. El apoyo explícito de Donald Trump al candidato derechista durante la campaña es interpretado por sectores de la izquierda latinoamericana como una confirmación de la subordinación del nuevo gobierno a intereses foráneos. Mientras, la administración Petro termina su mandato con nueve carteras ministeriales en encargo y una ola de renuncias, lo que ha generado críticas sobre la capacidad de empalme.

La Cámara de Representantes aún debe decidir si autoriza el traslado del legislativo al Cauca, mientras Petro insiste en que no permitirá el uso de instalaciones militares. El 7 de agosto se perfila una investidura sin el tradicional apretón de manos entre mandatarios, un hecho sin precedentes en la historia reciente de Colombia. Para observadores de la región andina, el episodio ilustra el desgaste institucional que puede provocar una transición marcada por acusaciones mutuas y la negativa a cumplir ritos democráticos básicos.