Los nuevos aranceles anunciados por la administración Trump entraron en vigor este viernes, reemplazando un gravamen global temporal del 10% que expiraba en el mismo momento. La medida, amparada en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, impone tasas del 10% o 12,5% a importaciones desde 60 socios comerciales —el 99,4% de las compras externas de Estados Unidos— bajo el argumento de que esos países no combaten con eficacia la entrada de bienes producidos con trabajo forzoso. Se trata del tercer intento del presidente Trump de erigir una barrera arancelaria casi universal después de que la Corte Suprema anulara sus medidas anteriores basadas en poderes de emergencia.

La justificación oficial se apoya en investigaciones realizadas durante meses por la Oficina del Representante Comercial de EE.UU., cuyas conclusiones afirman que las economías señaladas carecen de prohibiciones efectivas contra las importaciones forzadas. Sin embargo, la amplitud de la acción —que aplica un rango arancelario casi uniforme a países con realidades muy dispares— ha desatado una oleada de rechazos. Desde la óptica de Bruselas, la Comisión Europea subrayó que las nuevas tasas respetan los techos arancelarios pactados, pero consideró infundada la premisa de la investigación. Brasil, a quien la medida se suma a un arancel previo del 25% elevando la carga total al 37,5% para diversos productos, calificó la decisión de “manipulación” de la agenda de derechos humanos con fines proteccionistas y anunció que activará la Ley de Reciprocidad y acudirá a la Organización Mundial del Comercio. México, en cambio, matizó que cerca del 85% de sus exportaciones seguirán ingresando con arancel cero gracias al T-MEC.

Paralelamente, dos pequeñas empresas —un importador de especias y un minorista de relojes— presentaron la primera demanda contra esta ronda arancelaria ante la Corte de Comercio Internacional de Nueva York. Los demandantes, respaldados por el centro jurídico Liberty Justice Center que logró tumbar las tarifas previas de Trump en el máximo tribunal, alegan que la Sección 301 exige hallazgos específicos por país y no puede utilizarse como un cheque en blanco para replicar aranceles ya declarados ilegales. Analistas jurídicos en Washington apuntan que los gravámenes bajo esta sección han resistido escrutinios judiciales en el pasado, aunque voces críticas advierten que la escala sin precedentes de esta aplicación podría forzar un nuevo pronunciamiento de la Corte Suprema.

El escenario abre varios frentes de fricción simultáneos. Mientras el gobierno brasileño prepara la represalia comercial, la Unión Europea insiste en que seguirá negociando exenciones y profundizando la cooperación bilateral. La incógnita inmediata reside en si la corte comercial concederá una suspensión cautelar mientras dirime el fondo del litigio, y si la reacción coordinada de los socios afectados logrará moderar una política que, en palabras del propio Trump, son “aranceles muy normales”.