Decenas de incendios forestales fuera de control en el interior de la Columbia Británica obligaron a nuevas evacuaciones en las últimas horas, con la localidad de Clinton completamente desalojada y órdenes ampliadas en Boston Bar y Kimberley. El servicio provincial de bomberos informó de al menos veinte propiedades dañadas y advirtió que el tiempo seco, las temperaturas superiores a lo normal y los vientos erráticos mantendrán un comportamiento agresivo del fuego.

En Boston Bar, dos grandes incendios se fusionaron, rodeando la comunidad y llevando a la policía a recordar que permanecer en zona evacuada es ilegal y pone en riesgo a los residentes y a los bomberos. Pese a ello, algunos ciudadanos, como Ira Robinson en Clinton, se niegan a abandonar sus hogares y aseguran que los defenderán con excavadoras y tractores. Mientras, en Ontario, 177 incendios activos han desplazado a más de 1.800 personas, con doce de las trece comunidades evacuadas pertenecientes a Primeras Naciones, lo que ha desatado críticas de líderes indígenas hacia la respuesta provincial.

El gobierno federal canadiense ha movilizado a más de 5.300 efectivos y 300 aeronaves, y el primer ministro Mark Carney agradeció a México por el envío de 200 bomberos, calificándolo como “lo que hacen los amigos” ante una crisis. El humo de los incendios ha cruzado la frontera y cubierto ciudades estadounidenses como Nueva York o Chicago, fenómeno que analistas de Washington vinculan a la dificultad de predecir su trayectoria debido a limitaciones satelitales.

Desde Montreal, expertos como John Gradek, de la Universidad McGill, sostienen que la temporada actual —con más de 2,95 millones de hectáreas quemadas hasta ahora, por encima del promedio decenal— evidencia la necesidad de una estrategia nacional de prevención, en lugar de limitarse a evacuar una vez que el fuego amenaza comunidades. Gradek propone reforzar las prácticas de manejo forestal de los pueblos originarios, como las quemas prescritas. El debate se produce en un contexto de recortes: Ontario redujo su presupuesto de emergencia contra incendios de 271 millones a 150 millones para el próximo ciclo. Hasta el cierre de esta edición, las condiciones meteorológicas no anticipaban mejoría y los operativos de evacuación y combate continuaban en diversas regiones del país.