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Crimen y Desastreslunes, 13 de julio de 2026

Ofensiva regulatoria en Indonesia y Argentina contra cosméticos ilegales: decomisos millonarios y prohibiciones

Las autoridades sanitarias de Yakarta y Buenos Aires intensificaron los operativos y retiraron del mercado productos sin registro ni garantías de seguridad, en un contexto global de alerta por importaciones irregulares.

Las agencias de control de medicamentos y alimentos de Indonesia y Argentina desplegaron en las últimas horas operativos de gran escala contra la venta de cosméticos ilegales, con decomisos que superan los 35 mil millones de rupias en el archipiélago asiático y la prohibición total de cuatro marcas en el país sudamericano. En Yakarta, la BPOM informó el hallazgo de 2.127.765 unidades de productos sin autorización durante una intensificación de la vigilancia realizada en mayo de 2026, mientras que en Buenos Aires la ANMAT dispuso el cese inmediato de uso, distribución y publicidad de todas las líneas de las firmas Ushas, Fayankou, Kakaziyan y Chovemoar por carecer de inscripción sanitaria.

Según detallaron fuentes oficiales indonesias, más del 86 por ciento de los artículos confiscados correspondía a cosméticos sin permiso de circulación y nueve de cada diez eran de origen importado. La mayoría de las infracciones se detectaron en plataformas de comercio electrónico y en establecimientos de las provincias de Tangerang, Bogor y la capital. Las autoridades argentinas, por su parte, indicaron que las máscaras faciales y de manos alcanzadas por la resolución 4193/2026 habían sido identificadas durante fiscalizaciones electrónicas y en comercios de la Ciudad de Buenos Aires, desde donde se ofrecían envíos a todo el territorio nacional. En ambos países, los organismos recalcaron que la ausencia de registros impide garantizar condiciones higiénico-sanitarias adecuadas y la seguridad de los ingredientes.

Desde la óptica de los reguladores del Sudeste Asiático, el incremento de diez veces en el volumen de productos incautados respecto del mismo período de 2025 no refleja necesariamente una mayor circulación ilegal, sino una mayor eficacia de la vigilancia gracias a la coordinación entre las oficinas centrales y regionales de la BPOM y a la cooperación con aduanas. En paralelo, la ANMAT fundamentó su decisión en la Ley 16.463 y en la Resolución 155/98, que exigen registro sanitario para todo cosmético, y notificó la medida a las autoridades provinciales y a la Subsecretaría de Defensa del Consumidor. Ambos organismos coincidieron en señalar a los canales digitales como el principal vector de distribución de estos productos, lo que motivó la recomendación de dar de baja miles de enlaces de venta en línea.

El fenómeno no se limita a esos dos países. En Líbano, la Asociación de Importadores de Productos Farmacéuticos advirtió sobre un aumento de importaciones ilegales y falsificaciones de medicamentos, un mercado donde se estima que el 6 por ciento de los fármacos a nivel mundial son falsificados, proporción que puede ser mayor en economías en desarrollo. Para dificultar esas prácticas, el sector libanés anunció la introducción de un holograma tridimensional en los envases. En contraste, en mercados con fuerte regulación como el británico, la prescripción de retinoides de alta potencia se canaliza a través de servicios de telemedicina que ajustan las fórmulas mensualmente bajo supervisión dermatológica, un modelo que, según analistas del sector, ilustra la distancia entre el circuito legal y los riesgos de los productos no controlados que se ofrecen sin barreras en redes sociales.

Las investigaciones continúan abiertas en Indonesia y Argentina. La BPOM ha iniciado procesos de retiro, destrucción y cancelación de permisos, y solicitó a la Dirección General de Aduanas el cierre de accesos a importadores infractores. La ANMAT mantiene la prohibición hasta que las marcas regularicen su situación, mientras las autoridades sanitarias de ambas naciones instan a los consumidores a verificar el registro de los productos y a desconfiar de ofertas con declaraciones excesivas.

Divergencia — quién la cuenta y cómo
20%Baja
2 bloques · posiciones de −0.20 a +0.20
CríticoFavorable
SEALAT
Divergencia entre bloques de prensa
Prensa del Sudeste Asiático+0.20neutral
Prensa latinoamericana−0.20neutral
Prensa del Sudeste Asiático+0.20
Voz

Indonesia, through BPOM, claims success in its surveillance and attributes the increase in seizures to more effective controls, not a worsening of the phenomenon.

Mecanismopragmatismo regolatorio

Uses numerical data and temporal comparisons to demonstrate the effectiveness of regulatory action, normalizing the situation as under control.

Omisión

Does not mention similar measures in Argentina, nor the global surveillance context, limiting the narrative to the domestic front.

PragmatismoDistancia
Prensa latinoamericana−0.20
Voz

Argentina, through ANMAT, raises an alarm about illegal cosmetics and imposes an immediate ban to protect public health, emphasizing the illegal entry of the products.

Mecanismoallerta sanitaria

Adopts a tone of urgency and authority, using the official disposition as proof of risk and legitimizing state intervention.

Omisión

Does not refer to the record seizures in Indonesia, nor to the global dimension of the problem, focusing solely on the Argentine case.

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lunes, 13 de julio de 2026

Ofensiva regulatoria en Indonesia y Argentina contra cosméticos ilegales: decomisos millonarios y prohibiciones

Las autoridades sanitarias de Yakarta y Buenos Aires intensificaron los operativos y retiraron del mercado productos sin registro ni garantías de seguridad, en un contexto global de alerta por importaciones irregulares.

Las agencias de control de medicamentos y alimentos de Indonesia y Argentina desplegaron en las últimas horas operativos de gran escala contra la venta de cosméticos ilegales, con decomisos que superan los 35 mil millones de rupias en el archipiélago asiático y la prohibición total de cuatro marcas en el país sudamericano. En Yakarta, la BPOM informó el hallazgo de 2.127.765 unidades de productos sin autorización durante una intensificación de la vigilancia realizada en mayo de 2026, mientras que en Buenos Aires la ANMAT dispuso el cese inmediato de uso, distribución y publicidad de todas las líneas de las firmas Ushas, Fayankou, Kakaziyan y Chovemoar por carecer de inscripción sanitaria.

Según detallaron fuentes oficiales indonesias, más del 86 por ciento de los artículos confiscados correspondía a cosméticos sin permiso de circulación y nueve de cada diez eran de origen importado. La mayoría de las infracciones se detectaron en plataformas de comercio electrónico y en establecimientos de las provincias de Tangerang, Bogor y la capital. Las autoridades argentinas, por su parte, indicaron que las máscaras faciales y de manos alcanzadas por la resolución 4193/2026 habían sido identificadas durante fiscalizaciones electrónicas y en comercios de la Ciudad de Buenos Aires, desde donde se ofrecían envíos a todo el territorio nacional. En ambos países, los organismos recalcaron que la ausencia de registros impide garantizar condiciones higiénico-sanitarias adecuadas y la seguridad de los ingredientes.

Desde la óptica de los reguladores del Sudeste Asiático, el incremento de diez veces en el volumen de productos incautados respecto del mismo período de 2025 no refleja necesariamente una mayor circulación ilegal, sino una mayor eficacia de la vigilancia gracias a la coordinación entre las oficinas centrales y regionales de la BPOM y a la cooperación con aduanas. En paralelo, la ANMAT fundamentó su decisión en la Ley 16.463 y en la Resolución 155/98, que exigen registro sanitario para todo cosmético, y notificó la medida a las autoridades provinciales y a la Subsecretaría de Defensa del Consumidor. Ambos organismos coincidieron en señalar a los canales digitales como el principal vector de distribución de estos productos, lo que motivó la recomendación de dar de baja miles de enlaces de venta en línea.

El fenómeno no se limita a esos dos países. En Líbano, la Asociación de Importadores de Productos Farmacéuticos advirtió sobre un aumento de importaciones ilegales y falsificaciones de medicamentos, un mercado donde se estima que el 6 por ciento de los fármacos a nivel mundial son falsificados, proporción que puede ser mayor en economías en desarrollo. Para dificultar esas prácticas, el sector libanés anunció la introducción de un holograma tridimensional en los envases. En contraste, en mercados con fuerte regulación como el británico, la prescripción de retinoides de alta potencia se canaliza a través de servicios de telemedicina que ajustan las fórmulas mensualmente bajo supervisión dermatológica, un modelo que, según analistas del sector, ilustra la distancia entre el circuito legal y los riesgos de los productos no controlados que se ofrecen sin barreras en redes sociales.

Las investigaciones continúan abiertas en Indonesia y Argentina. La BPOM ha iniciado procesos de retiro, destrucción y cancelación de permisos, y solicitó a la Dirección General de Aduanas el cierre de accesos a importadores infractores. La ANMAT mantiene la prohibición hasta que las marcas regularicen su situación, mientras las autoridades sanitarias de ambas naciones instan a los consumidores a verificar el registro de los productos y a desconfiar de ofertas con declaraciones excesivas.

Divergencia — quién la cuenta y cómo
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Indonesia, through BPOM, claims success in its surveillance and attributes the increase in seizures to more effective controls, not a worsening of the phenomenon.

Mecanismopragmatismo regolatorio

Uses numerical data and temporal comparisons to demonstrate the effectiveness of regulatory action, normalizing the situation as under control.

Omisión

Does not mention similar measures in Argentina, nor the global surveillance context, limiting the narrative to the domestic front.

PragmatismoDistancia
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Voz

Argentina, through ANMAT, raises an alarm about illegal cosmetics and imposes an immediate ban to protect public health, emphasizing the illegal entry of the products.

Mecanismoallerta sanitaria

Adopts a tone of urgency and authority, using the official disposition as proof of risk and legitimizing state intervention.

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