El primer ministro de la India, Narendra Modi, anunció el 23 de julio de 2026 la creación de tribunales exprés para castigar de forma rápida y severa a los responsables de las filtraciones de exámenes, en su primera reacción pública a las protestas juveniles que sacuden el país. La decisión, comunicada en la red social X, se produjo después de que miles de manifestantes liderados por el movimiento Cockroach Janta Party (CJP) se enfrentaran a la policía en Nueva Delhi y marcharan hacia el Parlamento exigiendo la dimisión del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan. Modi afirmó que “nada es más importante que el bienestar y el futuro de nuestra juventud” y advirtió que “quienes intenten dañar el futuro de nuestros jóvenes no serán perdonados”.

Desde el movimiento CJP, que nació como una sátira en línea y hoy moviliza a millones de seguidores, la respuesta fue inmediata: su portavoz, Ashutosh Ranka, calificó los tribunales exprés de “distracción” y sostuvo que las filtraciones no ocurren por falta de juzgados, sino por la “incompetencia” del ministro Pradhan. La agrupación mantiene tres exigencias centrales: la renuncia del ministro, una compensación de diez millones de rupias para las familias de los estudiantes que se suicidaron tras las cancelaciones de exámenes y el archivo de las causas contra los manifestantes pacíficos. En paralelo, el líder de la oposición, Rahul Gandhi, del Partido del Congreso, acusó a Modi de haber “permitido y alentado la captura y destrucción total de nuestro sistema educativo” y reiteró el pedido de destitución de Pradhan, una disculpa a los estudiantes y sanciones contra los agentes que reprimieron las marchas.

Analistas en Nueva Delhi observan que la propuesta de tribunales exprés busca contener una crisis política que ha desbordado el período de sesiones del Parlamento y ha dado a la oposición una rara oportunidad de articular el descontento juvenil. La medida se inscribe en un patrón de respuestas gubernamentales centradas en la sanción penal, pero no aborda las fallas sistémicas del sistema de exámenes que, según estimaciones de la prensa india, ha registrado alrededor de 152 filtraciones en la última década. Desde círculos diplomáticos europeos se interpreta la movilización como la mayor prueba para Modi desde su reelección en 2024, al combinar el malestar por el desempleo juvenil con la percepción de un autoritarismo creciente. En América Latina, observadores señalan paralelismos con protestas estudiantiles que en otros contextos han forzado cambios de gabinete, aunque subrayan las particularidades del sistema federal indio y la fortaleza parlamentaria del oficialismo.

El conflicto se originó en mayo de 2026, cuando la filtración del examen de ingreso a medicina NEET obligó a más de dos millones de candidatos a repetir la prueba, y se agravó con irregularidades en la calificación en línea de exámenes de secundaria. El CJP, cuyo nombre alude irónicamente a un comentario de un juez del Tribunal Supremo que comparó a los jóvenes con “cucarachas”, ha sabido capitalizar el malestar en las redes sociales y ha extendido las protestas a ciudades como Bombay, Bangalore y Patna. El gobierno mantuvo una ronda de diálogo con los líderes del movimiento, pero no ha cedido en la renuncia de Pradhan. Mientras, el Parlamento permanece paralizado por las interrupciones de la oposición y el Tribunal Superior de Delhi examina una petición para que la Agencia Nacional de Investigación indague los disturbios. Las autoridades han cerrado dieciséis estaciones de metro en el centro de la capital y las protestas continúan sin una fecha de resolución a la vista.