La Comisión Europea anunció este jueves dos sanciones contra Google por un total de 890 millones de euros —equivalentes a unos 1.015 millones de dólares— por infringir el Reglamento de Mercados Digitales (DMA). La decisión obliga a la empresa a modificar en un plazo de 60 días el funcionamiento de su motor de búsqueda y de su tienda de aplicaciones Google Play; de lo contrario, se expone a multas periódicas de hasta el 5 % de su facturación global. La medida se produce en un momento de fricción comercial con Washington, que ha amenazado con aranceles de represalia contra lo que considera un trato discriminatorio a las tecnológicas estadounidenses.

Desde la óptica de Bruselas, la sanción responde a dos infracciones diferenciadas. La primera, por 460 millones de euros, castiga el trato preferencial que Google otorga a sus propios servicios —como Google Shopping, vuelos, hoteles o resultados deportivos— en la página de resultados de búsqueda, relegando a los competidores a posiciones menos visibles. La segunda, por 430 millones, sanciona las restricciones impuestas a los desarrolladores de aplicaciones para que no pudieran informar a los usuarios sobre ofertas más económicas fuera de Google Play ni dirigirlos a canales de compra alternativos. La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión y responsable de Competencia, la española Teresa Ribera, defendió que “los mejores productos deben triunfar porque son mejores, no porque pertenezcan a la empresa que gestiona el motor de búsqueda”, y subrayó el derecho de los consumidores europeos a conocer todas las opciones disponibles.

Google rechazó la decisión y advirtió de que se verá forzada a eliminar funciones de búsqueda en tiempo real muy utilizadas en Europa, como la visualización instantánea de precios y la disponibilidad directa de hoteles, vuelos y restaurantes, además de desmantelar protecciones de seguridad en Google Play. Kent Walker, presidente de Asuntos Globales de la compañía, calificó la medida como “una degradación del producto impulsada por un pequeño grupo de denunciantes con intereses particulares, a costa de las empresas y los consumidores europeos”. En Washington, la sanción reavivó las críticas de la Administración Trump: un grupo de 25 legisladores republicanos había instado por carta al presidente a tomar represalias contra la UE si persistía en aplicar “leyes, políticas o prácticas discriminatorias” en el sector digital. Pese a ello, fuentes comunitarias insistieron en que el momento del anuncio obedece exclusivamente al cierre de la investigación y no guarda relación con el calendario arancelario estadounidense.

La multa se inscribe en una ofensiva regulatoria más amplia de la Unión Europea contra las grandes plataformas digitales. Desde la entrada en vigor del DMA en 2024, Bruselas ya había sancionado a Apple con 500 millones de euros y a Meta con 200 millones por infracciones similares. En el caso de Google, la Comisión reconoció que la empresa ha comenzado a probar cambios en la presentación de sus servicios y en las condiciones para desarrolladores, avances que serán evaluados a la luz de la orden de cumplimiento. La compañía puede recurrir la decisión ante la justicia europea, mientras los mercados y las capitales observan si la respuesta de Washington escala hacia una nueva disputa comercial transatlántica.