Un grupo de más de 200 economistas, investigadores y directivos tecnológicos —entre ellos 16 galardonados con el Nobel— ha lanzado una advertencia inédita por su amplitud y por la diversidad de sus firmantes: la inteligencia artificial podría desencadenar en la próxima década una transformación económica de una escala superior a la Revolución Industrial, pero concentrada en un lapso mucho más breve. La declaración, titulada “We Must Act Now” y organizada por el Laboratorio de Economía Digital de la Universidad de Stanford, condensa en apenas cuatro frases el llamamiento a construir incentivos, salvaguardas e instituciones que orienten la IA hacia un modelo que complemente al ser humano y beneficie a la sociedad.

El texto, deliberadamente conciso, señala que la IA puede volverse “radicalmente más poderosa” en diez años y generar tanto “desplazamiento de empleo a gran escala” como mejoras sustanciales en el nivel de vida. La novedad no reside tanto en el diagnóstico —líderes del sector llevan años alertando sobre la automatización del trabajo cognitivo— como en la composición de los firmantes. Junto a figuras de Silicon Valley como Eric Schmidt, Reid Hoffman o Vinod Khosla, aparecen economistas que hasta hace poco se mostraban escépticos ante el catastrofismo tecnológico, entre ellos los nobeles Daron Acemoglu y Simon Johnson, del MIT. Desde la óptica de los organizadores, se ha producido un giro perceptible en la profesión económica, que ahora toma más en serio el potencial disruptivo de la IA generativa.

Los datos del mercado laboral ofrecen un panorama contradictorio. Analistas del centro de investigación económica KOF en Zúrich observan que ciertas profesiones con alta exposición a la IA —programación, marketing, comunicación— ya registran un aumento del desempleo en Suiza, mientras que en otros sectores teóricamente vulnerables, como los servicios jurídicos o los centros de atención telefónica, los efectos aún no se materializan de forma generalizada. En Estados Unidos, las grandes tecnológicas han justificado despidos recientes con el argumento de la eficiencia ganada mediante IA, aunque voces críticas apuntan también a la sobrecontratación previa y a la presión por reducir costes. La carta de Stanford refleja precisamente esa incertidumbre: no predice un colapso inminente, pero subraya que los sistemas de protección social y seguro de desempleo no están preparados para absorber una eventual oleada de recolocaciones.

El llamamiento se produce en un momento de creciente contestación pública. En San Francisco, cientos de manifestantes marcharon frente a las sedes de OpenAI, Anthropic y Google DeepMind, mientras Meta se vio obligada a pausar una herramienta de generación de imágenes tras las críticas de sindicatos y agencias de talento de Hollywood. A ello se suma el debate sobre el uso de la IA en el propio entorno laboral: compañías como Amazon han retirado los tableros internos que medían el uso de la herramienta por empleado, tras detectar que se utilizaba sin propósito real, y firmas como KPMG o Standard Chartered están desplazando el foco de la mera experimentación hacia la medición de resultados de productividad.

La declaración no incluye propuestas normativas concretas, pero su publicación fija un punto de inflexión en el debate global. El próximo hito será la capacidad de los gobiernos y los organismos multilaterales para traducir esta alerta en marcos regulatorios que, según los firmantes, deben diseñarse antes de que la transformación se acelere. Mientras tanto, la comunidad investigadora sigue monitorizando los efectos sectoriales de la IA, con la mirada puesta en los datos de empleo de los próximos trimestres como primer indicador de si la disrupción se acelera o se mantiene acotada.