Un movimiento global para restringir el acceso de niños y adolescentes a las redes sociales cobra impulso: según un recuento de la agencia AFP, más de 20 países han adoptado o propuesto medidas en los últimos meses, la mayoría enfocadas en prohibir el uso a menores de 15 o 16 años. Este lunes, un comité de expertos presentará sus recomendaciones a la Comisión Europea sobre una posible prohibición a escala de los 27, en un contexto en el que varios Estados miembros ya han avanzado por su cuenta. Australia, pionera con su veto para menores de 16 años desde diciembre de 2025, se ha convertido en el modelo de referencia, aunque informes desde Moscú califican de «fracasados» los primeros resultados de la experiencia australiana por las dificultades de implementación y la migración de los jóvenes a plataformas no reguladas.

Dentro de la Unión Europea, la fragmentación normativa es evidente. Grecia ha anunciado que prohibirá el acceso a redes sociales a los menores de 15 años a partir de enero de 2027, mientras Austria y Eslovenia preparan legislaciones similares para los umbrales de 14 y 15 años, respectivamente. Alemania, cuyo canciller apoya restricciones, debate entre un veto gradual por edad o limitaciones específicas por plataforma. Suecia, Dinamarca e Irlanda avanzan hacia prohibiciones nacionales ante la posible falta de una decisión comunitaria. En España, el gobierno ha propuesto elevar la edad mínima de registro en redes de 14 a 16 años, mientras que Portugal estudia una ley que fija en 16 años la mayoría de edad digital sin consentimiento paterno. Desde Bruselas se observa con preocupación la dispersión de criterios, lo que podría impulsar una directiva armonizadora.

En Asia-Pacífico, la tendencia es igualmente restrictiva. China, que desde 2019 impone límites de tiempo y horarios a los videojuegos, extendió en 2023 las restricciones a las redes sociales y plataformas de streaming. Indonesia y Malasia han prohibido el acceso a menores de 16 años en los últimos meses, mientras que en India varios estados debaten medidas y el gobierno central negocia con las plataformas. En América Latina, Brasil aprobó en marzo una ley que obliga a vincular las cuentas de menores de 16 años a las de sus padres, y el debate se centra en equilibrar la prohibición con la educación digital, como reflejan analistas en São Paulo. Canadá aspira a fijar el mínimo en 16 años, y en Oriente Medio, Emiratos Árabes Unidos y Turquía han anunciado vetos para 2026.

Los desafíos prácticos son comunes: la verificación de edad sin vulnerar la privacidad, el traslado de los adolescentes a entornos más oscuros y la eficacia de una prohibición sin acompañamiento educativo. Expertos brasileños subrayan que la simple restricción técnica puede generar efectos limitados si no se combina con formación crítica en escuelas y familias, una postura que también gana eco en Europa. La Comisión Europea deberá decidir en las próximas semanas si impulsa un marco común, mientras que en Francia el parlamento debate una versión final de su ley, que podría limitarse a las plataformas más dañinas y entrar en vigor en septiembre. La votación en el Senado francés y el informe del comité europeo marcarán los próximos pasos de un movimiento que aspira a redefinir la infancia digital.