El portavoz del Parlamento iraní y jefe negociador, Mohammad Bagher Ghalibaf, lanzó un ultimátum a Washington a través de la red social X: «La era de los acuerdos unilaterales ha terminado. Cumplan su palabra o paguen el precio». La advertencia se produjo en el contexto de una escalada militar de tres días que incluyó ataques estadounidenses contra radares y baterías de misiles en el sur de Irán, seguidos de represalias iraníes con misiles y drones sobre bases de Estados Unidos en Jordania, Catar, Omán, Kuwait y Bahréin. Ghalibaf acompañó su mensaje con el punto quinto del Memorando de Entendimiento de Islamabad, firmado el 18 de junio, que estipula que Irán «adoptará las disposiciones necesarias» para garantizar el paso seguro de buques comerciales por el estrecho de Ormuz durante sesenta días sin costo alguno.

Desde Teherán, la versión oficial sostiene que la decisión de cerrar el estrecho —una vía por la que transita cerca de un tercio del petróleo mundial— fue una respuesta a las constantes provocaciones estadounidenses y a lo que consideran un incumplimiento del alto el fuego. La Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) reivindicó ataques contra el aeródromo Príncipe Hassan en Jordania, la base aérea Al Udeid en Catar y el puerto de Duqm en Omán, así como contra buques «infractores» en el propio estrecho. Las autoridades militares iraníes afirmaron que las operaciones se limitan a neutralizar la capacidad de Estados Unidos de obstaculizar la gestión soberana de Teherán sobre la vía marítima.

En cambio, el Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (CENTCOM) justificó sus bombardeos —más de trescientos objetivos alcanzados en tres oleadas— como represalia por disparos iraníes contra navíos mercantes y el cierre unilateral de la ruta. Fuentes del Pentágono citadas por medios estadounidenses indican que el objetivo de los ataques era degradar la capacidad iraní de bloquear el estrecho y garantizar la libre navegación. Paralelamente, funcionarios de la Casa Blanca han filtrado que ni los bombardeos ni las hostilidades de los últimos días implican el regreso a una guerra a gran escala, sino que conviven con la vía diplomática; el propio memorando de Islamabad prevé, además de la reapertura del estrecho, la concesión de licencias para la exportación de crudo iraní y el desbloqueo de fondos congelados.

El conflicto actual hunde sus raíces en la retirada unilateral de Washington del acuerdo nuclear de 2015 en 2018, seguida de una política de «máxima presión» que disparó el enriquecimiento de uranio en Irán y que desembocó —tras los ataques israelíes contra instalaciones nucleares iraníes en 2025 y las continuas incursiones israelíes en el sur del Líbano— en un escenario de negociación forzada. Desde el sur global, numerosos diplomáticos y analistas consideran que el control del estrecho de Ormuz se ha convertido en la principal palanca de presión de Teherán para forzar a Washington a cumplir lo pactado en Islamabad. Las capitales europeas y las de países latinoamericanos importadores de petróleo siguen con preocupación el bloqueo, que ya ha dejado un desaparecido tras el ataque a un buque mercante y amenaza con disparar los precios del crudo.

Al cierre de esta edición, no se había anunciado una nueva ronda formal de conversaciones, pero la diplomacia y la presión militar siguen su curso en paralelo, según confirmaron fuentes de ambas partes. El memorando de Islamabad es, por el momento, el único andamiaje institucional para una distensión, aunque su aplicación efectiva permanece en suspenso mientras continúen los intercambios de fuego y la retórica de advertencia desde Teherán.