El Gobierno británico ha anunciado que los adultos a quienes se conceda asilo y dispongan de ingresos suficientes deberán reembolsar alrededor de 10.000 libras esterlinas (unos 13.200 dólares) por los costes de alojamiento y manutención recibidos durante la tramitación de su solicitud, antes de poder optar a la residencia permanente. La medida, incluida en el proyecto de ley de Inmigración y Asilo que se debatirá esta semana en el Parlamento, establece un sistema de pago fraccionado similar al de los préstamos estudiantiles, con umbrales de renta aún por definir y salvaguardas para evitar la indigencia. La ministra del Interior, Shabana Mahmood, defendió la reforma afirmando que “recibir apoyo para asilo es un derecho, pero también una responsabilidad”, y que se espera la contribución de quienes puedan devolver “la generosidad del pueblo británico”.

Desde el Ejecutivo londinense se argumenta que la iniciativa busca aliviar la carga de 4.000 millones de libras anuales que soportan los contribuyentes por el alojamiento y la asistencia a solicitantes de asilo. La oposición conservadora, por boca de su portavoz de Interior, Chris Philp, ha señalado que se trata de una propuesta que su partido ya planteó el año pasado y que los laboristas bloquearon entonces. Las organizaciones de defensa de los refugiados, como el Refugee Council, califican la tasa de “injusta e impracticable” y advierten de que equivale a un “impuesto adicional” que dificultará la integración de personas que huyen de guerras y persecuciones, máxime cuando la normativa actual les prohíbe trabajar mientras se resuelve su expediente.

Los análisis de centros de estudio como el Observatorio de Migraciones de la Universidad de Oxford ponen en duda la eficacia recaudatoria de la medida. Según sus datos, solo el 13 % de las personas con estatus de refugiado concedido cinco años antes alcanzaba en 2023 ingresos de al menos 20.000 libras anuales, lo que sugiere que una proporción reducida de beneficiarios podría afrontar el pago. El Ministerio del Interior reconoce que la tasa de empleo entre los refugiados en edad de trabajar es del 25 % en el primer año y llega al 50 % a los dos años, pero los ingresos medios se mantienen bajos. La reforma se enmarca en un endurecimiento más amplio de la política migratoria laborista, presionada por el ascenso del partido de derecha Reform UK y por una opinión pública que sitúa la inmigración entre sus principales preocupaciones.

El proyecto de ley, que también contempla la expulsión de 45.000 personas sin derecho a permanecer en el país y el uso de antiguos cuarteles militares para alojar a solicitantes, se enfrenta a posibles resistencias dentro del propio Partido Laborista. La tramitación parlamentaria arranca en los próximos días y la ministra del Interior podrá ajustar posteriormente la cuantía y los umbrales de reembolso. El debate británico es seguido con atención en otras capitales europeas que afrontan dilemas similares sobre la financiación de los sistemas de acogida y el equilibrio entre derechos y obligaciones de los refugiados.