Los gobiernos de Líbano e Israel suscribieron el viernes en Washington un acuerdo marco tripartito, con la mediación y el respaldo de Estados Unidos, que fija las bases para poner fin a las hostilidades y avanzar hacia una paz duradera. El texto, negociado en varias rondas directas, estipula un proceso secuencial: el ejército libanés asumirá progresivamente el control efectivo de todo el territorio, comenzando por dos zonas piloto, una vez que se verifique el desarme de los grupos armados no estatales y el desmantelamiento de sus infraestructuras. A partir de ese momento, las Fuerzas de Defensa de Israel iniciarán un redespliegue gradual fuera de suelo libanés. El documento incluye el compromiso de Washington de movilizar apoyo internacional para la reconstrucción de Líbano y la creación de un grupo de coordinación militar tripartito que supervise la implementación.

Desde Beirut, la presidencia libanesa calificó el acuerdo como un primer paso para restaurar la soberanía plena del Estado y el monopolio de las armas en manos de las instituciones oficiales. En Jerusalén, el primer ministro Benjamín Netanyahu lo presentó como un “logro histórico” y un golpe estratégico al eje iraní, mientras el ministro de Defensa, Israel Katz, subrayó que no habrá retirada alguna de la franja de seguridad en el sur del Líbano —incluido el estratégico monte Dov— hasta que Hezbolá esté completamente desarmado. Por su parte, el secretario general de Hezbolá, Naim Qassem, emitió un comunicado en el que tacha el acuerdo de “nulo y sin valor”, “humillación y vergüenza”, y denuncia que condicionar la retirada israelí al desarme de la resistencia “atraviesa todas las líneas rojas” y legitima una ocupación prolongada. El partido-milicia chií exige que se aplique en su lugar el memorando de entendimiento alcanzado entre Irán y Estados Unidos, que, según su interpretación, garantizaba un alto el fuego sin contrapartidas de desarme.

Analistas en Oriente Próximo observan que el acuerdo marco consagra la separación entre la vía negociadora libanesa y el diálogo bilateral irano-estadounidense, un desacople que Tel Aviv y Washington consideran esencial para reducir la influencia de Teherán sobre el Estado libanés. Desde la óptica de Bruselas y de capitales árabes como Abu Dabi, el pacto es recibido como una oportunidad para fortalecer la institucionalidad libanesa y estabilizar la frontera septentrional de Israel. Sin embargo, en el plano interno libanés, la firma del texto ha reavivado la fractura política: la facción parlamentaria de Hezbolá sostiene que la negociación directa con Israel contraviene el artículo 52 de la Constitución y la declaración de enemistad vigente, y advierte que no permitirá que el gobierno imponga un acuerdo que, a su juicio, despoja al país de sus “cartas de fuerza”.

El ejército libanés, por su parte, emitió un comunicado en el que, sin mencionar explícitamente el acuerdo, advierte que no tolerará alteraciones de la seguridad ni cortes de carreteras, en un contexto de llamamientos a protestas por parte de simpatizantes de Hezbolá. La implementación del acuerdo queda supeditada a la redacción de un anexo de seguridad y al inicio de las operaciones en las dos localidades piloto acordadas —Zawtar al Gharbiyeh y Froun, según fuentes israelíes—, mientras la comunidad internacional condiciona el flujo de ayuda a la verificación del desarme y a la transparencia en el uso de los fondos de reconstrucción. El dossier se encuentra en una fase inicial y su viabilidad dependerá de la capacidad del Estado libanés para imponer su autoridad sin desencadenar un conflicto civil, en un escenario donde Hezbolá insiste en que “las armas no serán entregadas”.