La renuncia del primer ministro británico, Keir Starmer, el pasado lunes activó un proceso sucesorio que, según fuentes del Partido Laborista, convertirá al recién elegido diputado Andy Burnham en el séptimo jefe de Gobierno del Reino Unido en diez años. La salida de Starmer se produjo tras el descalabro laborista en las elecciones locales y en un contexto de fractura política que, desde la óptica de analistas en Londres, tiene su origen en el referéndum del Brexit de 2016. Burnham, exalcalde de Mánchester, asumiría el cargo sin haber pasado por unas elecciones generales, lo que ha generado un debate interno sobre la necesidad de un mandato popular. Mientras un sector del laborismo, citado por la prensa británica, teme que unos comicios anticipados entreguen la mayoría a la formación Reform UK, aliados del posible nuevo premier sugieren que unas encuestas favorables podrían justificar la convocatoria para legitimar su agenda.

En paralelo, el Ministerio del Interior presentó un plan para crear nuevas vías legales de patrocinio de refugiados, inspirado en el modelo canadiense. La titular, Shabana Mahmood, anunció que universidades, organizaciones comunitarias y empresas podrán apadrinar a solicitantes de asilo, con las primeras llegadas previstas para el otoño de 2027. Según la cartera, el sistema operará con un cupo limitado y busca “proteger a los refugiados genuinos” al tiempo que cierra “vacíos legales”. La iniciativa, que se debatirá en la Cámara de los Comunes la próxima semana, ha sido criticada por el Partido Conservador: su portavoz de Interior, Chris Philp, condicionó cualquier ampliación de las vías humanitarias a la reducción a cero de la inmigración ilegal. Desde la formación Reform UK, el responsable de Interior, Zia Yusuf, advirtió que derogarán el esquema si llegan al poder.

La cuestión migratoria domina el pulso político. Nigel Farage, líder de Reform UK, declaró a la cadena Fox News que la migración masiva ha cambiado el Reino Unido “literalmente hasta hacerlo irreconocible” y vinculó la inestabilidad gubernamental con la falta de control fronterizo. Farage sostuvo que los votantes del Brexit son los mismos que castigaron a Starmer en las municipales y que su partido tiene “todas las posibilidades de ganar” unas elecciones generales. En contraste, desde la esfera laborista se subraya que Burnham ha reconocido la preocupación migratoria durante su campaña, aunque sus políticas concretas siguen siendo una incógnita. La permanencia de Mahmood en el futuro gabinete tampoco está garantizada, lo que añade incertidumbre a la continuidad de la reforma.

Fuentes diplomáticas en Moscú interpretan la transición como un factor de continuidad en la política exterior británica. El senador ruso Alexéi Pushkov afirmó que no cabe esperar cambios en el respaldo financiero y militar a Ucrania, dado que Londres ya se ha comprometido a destinar 3.000 millones de libras anuales hasta 2031. Mientras, el entorno de Burnham filtra a The Times que su primer discurso programático apostará por la descentralización del poder, con más competencias para los alcaldes y transferencia de ingresos fiscales a las administraciones locales. La elección del nuevo líder laborista comenzará el 9 de julio y, salvo sorpresa, convertirá a Burnham en primer ministro sin oposición interna, en un país que, según el comentarista político Robert Peston, se ha vuelto “incapaz de ofrecer un gobierno estable”.