El primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, concluyó su visita oficial a Washington con un respaldo público inusual del presidente Donald Trump, quien lo calificó de “valiente” y “luchador feroz”. Durante el encuentro en la Casa Blanca, Al Zaidi anunció que el próximo 30 de septiembre será la fecha límite para que todos los grupos armados no estatales entreguen sus armas, un compromiso que, según fuentes de la administración estadounidense, condiciona la profundización de la cooperación bilateral en seguridad y comercio.

Desde Washington, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, vinculó explícitamente la asociación futura a la capacidad de Bagdad de “afirmar su soberanía y desarmar a las milicias alineadas con Irán”, responsables de cientos de ataques contra personal estadounidense. En paralelo, según filtraciones recogidas por medios israelíes y árabes, los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) han incrementado la presión sobre Bagdad, presentando informes de inteligencia sobre ataques de estas facciones contra sus territorios. Mientras tanto, desde Teherán se observa con cautela el acercamiento: el propio Al Zaidi tiene previsto viajar próximamente a Irán por invitación del presidente Masud Pezeshkian, en un gesto que, según analistas iraníes, busca equilibrar las alianzas y evitar una ruptura con el vecino oriental.

En el frente interno, el primer ministro se mueve entre dos polos. Por un lado, el movimiento sadrista, con amplia base popular, respalda la campaña de desarme y lucha anticorrupción, pero según observadores en Bagdad, su líder, Muqtada al Sadr, podría capitalizar cualquier fracaso para exigir elecciones anticipadas. Por otro, las facciones del llamado Marco de Coordinación, que agrupa a partidos chiíes cercanos a Irán, muestran divisiones: algunos de sus legisladores apoyan las reformas, mientras otros temen que las investigaciones por corrupción alcancen a sus propias filas. La reciente decisión judicial de tipificar el uso de drones no autorizados bajo la ley antiterrorista es, para analistas locales, una señal de que el poder judicial se alinea con la ofensiva del Ejecutivo.

La apuesta de Al Zaidi se produce en un momento de repliegue militar estadounidense: la misión de la coalición contra el Estado Islámico se reduce y Washington transfiere responsabilidades a las fuerzas de seguridad iraquíes, incluidos los peshmerga kurdos. El éxito o fracaso del desarme definirá no solo la capacidad del Estado para recuperar el monopolio de la fuerza, sino también la continuidad del apoyo externo. Según fuentes diplomáticas en la región, si en septiembre no se registran avances tangibles, la administración Trump podría reevaluar su respaldo, un escenario que las milicias respaldadas por Irán consideran favorable. Al Zaidi regresa a Bagdad con un capital político reforzado pero con la urgencia de traducir los gestos en medidas concretas, mientras su agenda diplomática se completa con una visita a Jordania —donde recibió una invitación del rey Abdalá II— y el inminente viaje a Teherán.