La Unión Europea y el Reino Unido impusieron este lunes un paquete coordinado de sanciones contra nueve personas y cuatro entidades —en el caso comunitario— y contra 24 individuos y organizaciones —en el británico—, en respuesta a lo que describen como una campaña de ciberataques y espionaje atribuida a los servicios de inteligencia rusos. Por primera vez, Bruselas y Londres señalaron conjuntamente al Centro 16 del Servicio Federal de Seguridad (FSB) como responsable de un ataque informático contra la red eléctrica de Polonia, que, según el Foreign Office, “fracasó pero podría haber dejado sin electricidad a 500.000 ciudadanos en pleno invierno”. Francia y Alemania anunciaron la convocatoria de los embajadores rusos en París y Berlín, mientras que los Países Bajos también llamaron a consultas a su representante diplomático ruso.

Desde la óptica de Bruselas, la alta representante para la Política Exterior, Kaja Kallas, denunció “el aprovechamiento de un ecosistema informático que abarca actores estatales y no estatales, desde servicios de inteligencia hasta grupos de ciberdelincuentes, hacktivistas y empresas privadas”. Las sanciones comunitarias incluyen a oficiales del GRU —inteligencia militar rusa—, a presuntos ciberdelincuentes que colaboran con el Estado ruso y a entidades como la empresa IMPULS, acusada de reclutar piratas informáticos en universidades rusas. El gobierno británico, por su parte, calificó las medidas como el primer paquete conjunto de sanciones cibernéticas con la UE y afirmó que apuntan a “los persistentes y cada vez más imprudentes intentos del Estado ruso de sembrar caos y división en toda Europa”. El Kremlin, a través de su portavoz Dmitri Peskov, no se pronunció directamente sobre las sanciones, pero desestimó la cumbre de la “Coalición de Voluntarios” que se celebraba en paralelo en París como una reunión de “una coalición de belicistas” que “no quieren la paz”.

Las sanciones se enmarcan en una evaluación compartida por las capitales occidentales de que Moscú ha intensificado su campaña híbrida de desestabilización, recurriendo a ciberataques contra infraestructuras críticas, espionaje a ministerios y empresas, y operaciones de sabotaje. El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, detalló que los ataques buscaban “captar información o sabotear operaciones, por ejemplo, infraestructuras ferroviarias, como ocurrió en Polonia”. La UE identificó a Francia, Alemania, Polonia, Chipre, Países Bajos, Austria, Eslovaquia, Rumanía y Finlandia entre los países afectados por una campaña que se remonta a años atrás. Adicionalmente, Bruselas anunció sanciones contra 15 personas y una entidad por violaciones graves de derechos humanos contra prisioneros de guerra ucranianos, entre ellos Dmitry Neelov, responsable de la prisión de Olenivka, acusado de torturas y humillaciones.

El trasfondo de estas medidas es la guerra en Ucrania, que desde 2022 ha llevado a la UE y al Reino Unido a imponer miles de sanciones contra Moscú. El nuevo paquete cibernético refleja la voluntad de Londres de mantener una estrecha coordinación con Bruselas pese al Brexit, y se produce en vísperas de que la UE estudie un vigésimo primer paquete de sanciones. Mientras, la cumbre de París reunió a una veintena de líderes para discutir garantías de seguridad para Ucrania y el desarrollo del proyecto europeo de defensa antimisiles Freyja. Los próximos pasos incluyen la formalización de las sanciones en los registros oficiales y la continuación de las convocatorias diplomáticas, en un contexto en el que, según fuentes de seguridad europeas, “la amenaza es real, concreta y destructiva”.