La Comisión Europea ejecutó este 25 de junio la transferencia de 3.200 millones de euros a Ucrania, el primer tramo de un macrocrédito de 90.000 millones de euros aprobado para el bienio 2026-2027. El anuncio, realizado por la presidenta Ursula von der Leyen durante la conferencia de recuperación celebrada en Polonia, incluyó la confirmación de que en los próximos días comenzarán a liberarse los primeros fondos de una partida de 6.000 millones destinada a la producción de drones. La inyección inmediata de liquidez busca cubrir el déficit presupuestario ucraniano y estabilizar sus finanzas públicas en un momento en que, según fuentes comunitarias, Kiev logra contener la ofensiva rusa en el campo de batalla.

El instrumento financiero se divide en dos bloques con lógicas distintas. Dos tercios del total —60.000 millones de euros— se orientan al gasto militar sin condicionalidad macroeconómica, mientras que los 30.000 millones restantes constituyen asistencia macrofinanciera sujeta al cumplimiento de reformas estructurales. El memorando suscrito por el Parlamento ucraniano detalla exigencias que convergen con las del Fondo Monetario Internacional, cuyo directorio acaba de aprobar preliminarmente un nuevo tramo de casi 700 millones de dólares dentro de su propio programa. Desde la óptica de Bruselas y Washington, las prioridades son la mejora de la recaudación fiscal, la reducción de la economía sumergida y la preparación de una hoja de ruta para liberalizar los mercados energéticos, lo que implicaría un aumento gradual de las tarifas residenciales de gas y electricidad.

El desembolso se produce en un contexto de debate interno en la Unión sobre el uso de activos rusos congelados para financiar la ayuda. Mientras la Comisión explora un “crédito de reparación” de hasta 140.000 millones de euros respaldado por esos fondos, varios Estados miembros expresan reservas por los riesgos legales y las posibles represalias de Moscú. En paralelo, Suecia anunció un paquete bilateral de 1.490 millones de coronas (unos 130 millones de euros) enfocado exclusivamente en la resiliencia energética ucraniana. El ministro de Comercio Exterior, Benjamin Dousa, explicó que los recursos se canalizarán hacia un fondo de reparación de infraestructuras, el suministro de baterías y generadores por parte de la Agencia Sueca de Protección Civil, y el refuerzo de la seguridad de las centrales nucleares a través del OIEA, con el objetivo de que las medidas estén operativas antes del otoño.

El siguiente hito será el segundo tramo del crédito comunitario, estimado en 3.700 millones de euros y previsto para septiembre de 2026, siempre que Ucrania demuestre avances satisfactorios en las reformas pactadas. A ello se sumará la decisión final del directorio del FMI sobre su propio desembolso y la activación de los mecanismos de control que permitirán liberar los fondos para la adquisición de drones, cuya compra deberá priorizar a proveedores de la Unión Europea.