Un tribunal de Misuri admitió una demanda civil contra Snap Inc. por el diseño de su aplicación Snapchat, a la que los demandantes responsabilizan de haber facilitado la violación de una niña de 12 años. La acción legal, presentada por los padres de la menor, sostiene que funciones como la recomendación de amistades entre desconocidos y el mapa de localización Snap Maps permitieron que un adulto de 25 años, Gabriel Joel Valentin-Rios, contactara a la víctima, la engañara haciéndose pasar por un adolescente y consumara la agresión. Valentin-Rios cumple una condena de 18 años de prisión tras declararse culpable de violación estatutaria. La demanda, que busca una indemnización no especificada y obligar a la empresa a modificar sus prácticas, se suma a litigios similares en Vermont y a una causa iniciada en 2024 por el estado de Nuevo México, donde la fiscalía describió la sextorsión como un problema “masivo” en la plataforma.

Desde la óptica de los reguladores europeos, el caso de Misuri refuerza las exigencias de responsabilidad para las grandes tecnológicas. En el Reino Unido, la justicia condenó a ocho años y cuatro meses de prisión a Kwame Yeboah, un piloto de British Airways que conoció a una niña de 12 años a través de Instagram, la sometió a un proceso de grooming y la agredió sexualmente en tres ocasiones. La Fiscalía de la Corona subrayó que al agresor le resultaba “obvio” que se trataba de una menor, pese a que ella inicialmente afirmó tener 17 años. En España, una investigación en curso busca determinar quién creó perfiles falsos en Tinder utilizando la identidad de un joven de 23 años para coordinar encuentros sin su consentimiento, un caso que, según fuentes de la investigación, podría derivar en cargos por suplantación de identidad digital y hostigamiento sistemático.

Analistas en el Sudeste Asiático observan que la problemática no se limita a las plataformas digitales. En Keningau, Malasia, la policía arrestó a cinco adolescentes sospechosos de agredir sexualmente a una niña de 12 años en una vivienda rural. El comisario Yampil Anak Garai confirmó que uno de los detenidos confesó haber mantenido relaciones sexuales con la víctima, mientras los demás admitieron contactos físicos inapropiados. El hecho ocurrió después de una boda familiar, cuando los sospechosos siguieron a la menor hasta la casa de un pariente. Las autoridades locales pidieron evitar especulaciones mientras avanzan las diligencias. En Rusia, un suceso de otra naturaleza pero con un denominador común de violencia entre menores tuvo lugar en Anapa, donde un adolescente apuñaló a un niño de 12 años en una zona de juegos; el agresor fue detenido y la fiscalía evalúa la responsabilidad de los padres.

Para los sistemas de protección de la infancia en América Latina, estos episodios confirman la urgencia de actualizar los marcos normativos. Distintas fiscalías de la región han comenzado a incorporar protocolos para investigar delitos facilitados por redes sociales, aunque persisten vacíos legales frente a la suplantación de identidad y el grooming digital. La demanda contra Snapchat en Misuri se encuentra en etapa de descubrimiento de pruebas, mientras que la investigación en España continúa bajo secreto de sumario. En Malasia, los cinco adolescentes permanecen bajo custodia a la espera de la formulación de cargos. Los próximos fallos judiciales en Estados Unidos podrían sentar precedentes sobre la responsabilidad civil de las plataformas por los daños sufridos por usuarios menores de edad.