Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea iniciaron este lunes en Bruselas un debate exploratorio sobre la posibilidad de restringir el comercio con los asentamientos israelíes en Cisjordania, a partir de un documento confidencial de la Comisión Europea que plantea tres vías: un sistema de licencias de importación, aranceles prohibitivos o una prohibición total. La discusión, confirmada por un alto diplomático europeo y un portavoz comunitario, no contempla una decisión formal inmediata, sino que busca trazar un mapa de las posiciones de los Veintisiete ante una cuestión que, según fuentes diplomáticas, ha ganado urgencia por el incremento de la violencia de colonos y la expansión de los asentamientos bajo el gobierno de Benjamin Netanyahu.

Desde la óptica de Bruselas, la Alta Representante Kaja Kallas reconoció las divisiones internas, aunque subrayó que todos los Estados miembros coinciden en que la situación en Cisjordania obstaculiza la solución de dos Estados. El servicio jurídico del Consejo sostiene que una eventual prohibición comercial se adoptaría por mayoría cualificada —al menos quince países que representen el 65 % de la población de la UE—, mientras que el documento de la Comisión sugiere que haría falta unanimidad, un umbral que, en la práctica, haría muy improbable la medida. Esta discrepancia jurídica añade una capa de complejidad a un expediente que ya arrastra profundas fracturas históricas entre los socios comunitarios respecto al conflicto palestino-israelí.

En paralelo, el gobierno israelí mantiene su rechazo frontal a cualquier calificación de los asentamientos como ilegales. El ministro de Exteriores, Gideon Saar, tildó de “vergonzoso” el impulso de algunas capitales europeas para aplicar la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de julio de 2024, que declaró ilegal la ocupación y urgió a los Estados a evitar relaciones comerciales o de inversión que perpetúen la situación. Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad Nacional de Israel concedió una subvención de cuatro millones de shéquels (1,3 millones de dólares) a una organización sin fines de lucro que opera en asentamientos ilegales y que fue sancionada el mes pasado por seis países, entre ellos el Reino Unido, Francia y Canadá, por su vinculación con la violencia contra palestinos.

La reunión del Consejo de Asuntos Exteriores no se limita al expediente de los asentamientos. La agenda incluye un intercambio informal con el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, centrado en la preparación energética de Ucrania para el próximo invierno y en nuevas medidas de presión contra Rusia, entre ellas un posible vigesimoprimer paquete de sanciones y acciones coordinadas contra la “flota en la sombra” rusa. Asimismo, los ministros examinarán la situación en Irán y el golfo Pérsico tras la firma de un memorando de entendimiento entre Washington y Teherán el 17 de junio, con especial atención a la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, y abordarán la estrategia de la UE para el mar Negro.

El resultado inmediato del debate sobre los asentamientos será una fotografía del equilibrio de fuerzas dentro del Consejo, sin votación ni conclusiones vinculantes. La incertidumbre sobre la base jurídica aplicable y la persistencia de posiciones encontradas aplazan cualquier decisión operativa a futuras deliberaciones, que dependerán de si se consolida una mayoría cualificada favorable a medidas restrictivas o si, por el contrario, la exigencia de unanimidad termina por bloquear la iniciativa.