La comisión electoral de San Petersburgo denegó este viernes la inscripción de la lista del partido Yabloko para los comicios al parlamento local del 20 de septiembre, alegando que el informe financiero fue firmado por un representante sin los poderes notariales expresos para ello. La decisión, adoptada por mayoría en una sesión con votación a mano alzada, deja a la formación liberal fuera de la contienda en la segunda ciudad rusa, en la que aspiraba a presentar 62 candidatos. Otras fuerzas —Rusia Unida, el Partido Comunista, Rusia Justa, Gente Nueva y el partido ecologista Los Verdes— sí obtuvieron el visto bueno.

La dirección de Yabloko tachó la resolución de “absurda e ilegal” y sostuvo que el jurista que rubricó el estado financiero tenía atribuciones implícitas, puesto que el poder utilizaba la fórmula “incluyendo” antes de enumerar sus facultades. El presidente del partido, Nikolái Rybákov, denunció que la maniobra buscaba eliminar de las urnas a “la única fuerza que representa una alternativa y que pide el alto el fuego, la paz y la libertad”. Desde la comisión, su titular, Maxim Meiksin, replicó que las competencias no consignadas explícitamente en una delegación notarial “se consideran no otorgadas”, por lo que el documento era formalmente inválido. La negativa se produjo, además, sin que el punto figurara en el orden del día oficial, lo que para el partido evidencia una “operación política secreta”.

Este episodio se suma a un patrón de trabas administrativas y judiciales contra Yabloko en vísperas de la triple cita electoral rusa de otoño. En Kaliningrado, el candidato a la Duma estatal y al legislativo regional Antón Guendrikson fue arrestado diez días por “exhibir símbolos prohibidos” —en su caso, los logotipos de Instagram y Facebook sin la advertencia de pertenencia a la empresa Meta—, una falta administrativa que inhabilita para concurrir a las urnas durante un año. Más de una veintena de aspirantes de distintos partidos han sido sancionados por motivos similares. La organización tiene previsto recurrir tanto el arresto como la exclusión de la papeleta en San Petersburgo.

Una controversia análoga se registra en Alemania, donde el comité electoral del distrito de Frisia (Baja Sajonia) excluyó al candidato de Alternativa para Alemania (AfD) a la elección de administrador comarcal, Martin Sichert, tras un dictamen del Ministerio del Interior regional —controlado por el SPD— que cuestionaba su lealtad constitucional. La recomendación se apoyaba en publicaciones en redes sociales: una comparación de la bandera LGTBI izada en el ayuntamiento de Berlín con las enseñas del nacionalsocialismo y referencias a una “descomposición poblacional”. No obstante, el catedrático de derecho constitucional Volker Boehme-Neßler, consultado por la prensa, concluyó que, aunque duras y polémicas, dichas afirmaciones están amparadas por la libertad de expresión y “no constituyen un peligro para el orden fundamental democrático”. El ministerio declinó comentar las recomendaciones y subrayó que el comité vota “de manera independiente y no vinculante”.

Analistas desde Bruselas observan que estos diferendos, al apoyarse en interpretaciones técnicas o de seguridad, alimentan la percepción de que las reglas del juego electoral se endurecen selectivamente para fuerzas incómodas. Mientras Yabloko aguarda el fallo de la instancia judicial superior en Rusia, el caso alemán podría ser recurrido ante los tribunales administrativos. El desenlace tanto en San Petersburgo como en Frisia definirá la oferta final de candidaturas y, según observadores de organismos electorales internacionales, condicionará las valoraciones sobre la equidad de los procesos de septiembre.