La comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo aprobó el pasado martes el mandato negociador que desbloquea el marco jurídico del euro digital. El visto bueno permite iniciar los llamados trílogos con el Consejo y la Comisión para definir el reglamento definitivo de esta moneda electrónica emitida por el Banco Central Europeo (BCE). En paralelo, la Comisión Europea presentó una reforma para dotar a Europol de una infraestructura de nube soberana y para duplicar sus fondos hasta 2034, reforzando la autonomía digital del bloque en un momento en que Washington concentra el 61 % de los pagos con tarjeta en la eurozona a través de Visa y Mastercard.

El euro digital será un instrumento público de pago, utilizable en línea y sin conexión, diseñado para complementar el efectivo sin reemplazarlo. A diferencia de las criptomonedas, su valor será idéntico al de los billetes y monedas físicos. Los ciudadanos abrirán un monedero digital a través de su banco comercial, que actuará como intermediario obligatorio; el BCE no abrirá cuentas directas al público. Las transacciones básicas —apertura, tenencia y pagos— serán gratuitas para los particulares, mientras que los comercios sí pagarán comisiones, como ocurre con las tarjetas actuales. Para evitar fugas masivas de depósitos, el diseño incluye un límite máximo de tenencia individual, aún por negociar: las estimaciones técnicas oscilan entre unos pocos cientos de euros y los 3 000 euros por monedero. La banca comercial alemana ha cuantificado el coste del proyecto en 20 500 millones de dólares, mientras el BCE lo sitúa por debajo de los 6 000 millones.

Desde la óptica de Fráncfort, la iniciativa responde a una doble urgencia. Por un lado, la necesidad de ofrecer un medio de pago digital paneuropeo que reduzca la exposición a decisiones unilaterales de la Casa Blanca, como la posibilidad de que las redes estadounidenses suspendan servicios a clientes europeos. Por otro, el BCE insiste en que no se trata solo de un instrumento financiero sino de un proyecto político que devuelve a las instituciones europeas el control sobre el dinero digital. No obstante, la privacidad genera recelo en varios sectores: aunque el reglamento descarta el anonimato completo y garantiza un alto nivel de protección de datos —solo ordenante y beneficiario conocerán los detalles—, las normas contra el blanqueo obligan a los bancos a identificar a los usuarios y a reportar operaciones sospechosas, lo que algunos críticos interpretan como la puerta abierta a una centralización de información hoy fragmentada en distintas entidades.

Mientras la eurozona afronta este debate, otros actores globales avanzan en digitalización financiera. En México, el banco central (Banxico) creó la cuenta Nivel 2 Bis, dirigida a pequeños comercios y personas físicas, que permite recibir abonos mensuales de hasta 132 000 pesos con un tope en efectivo de 26 000 pesos y exige que al menos 12 000 UDIS provengan de pagos electrónicos. La medida, respaldada por la Asociación de Bancos de México, busca incorporar a más de 4,4 millones de negocios al sistema formal y reducir el uso de efectivo. También en México, el SAT advirtió a clientes de BBVA, Banamex y Santander que los depósitos frecuentes en cuentas propias pueden ser considerados incremento de ingresos y derivar en sanciones si no se acredita su origen, en un contexto de endurecimiento de la fiscalización de las operaciones en efectivo.

El calendario europeo sitúa la próxima votación en el pleno del Parlamento a principios de julio; posteriormente, los ministros de Economía de los Veintisiete deberán dar su aprobación, que no requiere unanimidad. Tras esos pasos, la entrada en funcionamiento del euro digital no se espera antes de 2029, precedida por una fase experimental a partir de 2027. El verdadero campo de batalla en los próximos meses será la fijación del límite de tenencia, una decisión política —no técnica— que definirá hasta qué punto el nuevo dinero digital compite con el actual sistema bancario comercial.