El Parlamento japonés aprobó el 27 de mayo de 2026 la creación del Consejo Nacional de Inteligencia y la Oficina Nacional de Inteligencia, una reforma que centraliza un sistema de coordinación hasta ahora fragmentado. La decisión legislativa coincidió con la publicación, el 13 de julio, de una investigación del diario The New York Times que, basada en fuentes de cinco agencias de inteligencia occidentales, describe a Japón como una plataforma clave para que Rusia adquiera componentes electrónicos y tecnología de doble uso destinados a su esfuerzo bélico en Ucrania. El portavoz del Gobierno japonés, Minoru Kihara, reconoció el lunes la “necesidad creciente de contrarrestar las actividades de inteligencia extranjeras” y subrayó que Tokio debe abordar esta cuestión “con mayor rigor”.

Desde la óptica de Kiev, el problema tiene dimensiones cuantificables: según estimaciones del Gobierno ucraniano, alrededor del 90% de los misiles y drones rusos examinados contienen componentes fabricados por empresas japonesas. Ucrania ha remitido a Tokio al menos ocho notas diplomáticas con pruebas, incluidos restos de un misil de crucero Kh-101 que impactó en un edificio residencial en Kiev. Las fuentes de inteligencia occidentales citadas en la investigación señalan que las operaciones rusas en territorio japonés son dirigidas por la 20ª Dirección del GRU, el servicio de inteligencia militar ruso, y que su responsable en Tokio, Maksim Filchenkov, opera bajo cobertura como empleado de la aerolínea estatal Aeroflot. La red utilizaría empresas intermediarias y rutas a través de terceros países —como Vietnam, Uzbekistán y Sri Lanka— para eludir las restricciones a la exportación directa hacia Rusia.

La reforma legislativa japonesa busca superar una arquitectura de inteligencia que, según analistas en Washington y Canberra, arrastraba limitaciones heredadas de la posguerra. Hasta ahora, la recopilación de información estratégica estaba repartida entre media docena de organismos —la Oficina de Inteligencia e Investigación del Gabinete (CIRO), la Agencia de Seguridad Pública, las unidades de los ministerios de Exteriores y Defensa, entre otros—, lo que generaba compartimentos estancos y dificultaba el flujo de análisis hacia la cúpula del Ejecutivo. La nueva Oficina Nacional de Inteligencia absorberá y ampliará las funciones de la CIRO, con el mandato de integrar y analizar la información procedente de todos los ministerios. La primera ministra, Sanae Takaichi, había defendido la medida en enero al afirmar que “sin una capacidad de información sólida, Japón carecerá de capacidad diplomática, de defensa, de posición económica y de pericia tecnológica”.

En el terreno judicial y diplomático, el caso permanece abierto. El Gobierno japonés no ha formulado acusaciones públicas contra Filchenkov ni contra las empresas mencionadas en la investigación periodística, y se ha limitado a recordar que colabora con Occidente en la prohibición de exportar artículos militares a Rusia. Mientras, la empresa logística japonesa Proko Air, señalada como posible eslabón en la cadena de suministro, ha negado conocer la afiliación de Filchenkov con los servicios rusos. La implementación de la nueva estructura de inteligencia será observada de cerca por los aliados de Tokio, que esperan que la centralización de la información reduzca las vulnerabilidades que, según fuentes diplomáticas europeas, convirtieron al archipiélago en un “paraíso para los espías”.