Era de madrugada cuando una amiga le confió por un mensaje privado algo que no se atrevía a contar a su familia. “Sin las redes sociales, ¿qué podríamos haber hecho?”, se pregunta una adolescente que participó como coautora en un análisis publicado en el British Medical Journal. Su testimonio no es un caso aislado: para millones de jóvenes, plataformas como Instagram, TikTok o Snapchat son el territorio donde se tejen amistades, se buscan comunidades y, a veces, se encuentra un refugio ante situaciones difíciles. Esa intimidad digital, sin embargo, está en el centro de una ofensiva legislativa global que busca alejar a los menores de las pantallas.

Australia fue el primer país en prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, en diciembre de 2025. Desde entonces, Malasia, el Reino Unido, Corea del Sur y la Unión Europea han anunciado o debatido medidas similares. En Seúl, la Comisión de Medios de Comunicación estudia vetar las plataformas a los menores de 14 y limitar las funciones para los adolescentes de hasta 19 años. Bruselas prepara un proyecto de ley para todo el bloque comunitario. Pero los datos que llegan desde Canberra revelan una realidad tozuda: dos tercios de los adolescentes australianos siguen usando las aplicaciones prohibidas, ya sea a través de cuentas de sus padres, falseando la edad o mediante redes privadas virtuales.

La paradoja es evidente. Investigadores británicos advierten en el BMJ que las prohibiciones absolutas pueden causar “daños no deseados” sin atacar las causas de fondo. El consumo problemático de redes, sostienen, forma parte de un sistema más amplio que incluye a las familias, las escuelas y las propias plataformas; las políticas aisladas rara vez funcionan. El fundador de Telegram, Pavel Durov, ha señalado que los bloqueos empujan a los menores hacia espacios menos regulados y potencialmente más peligrosos. Mientras, el gobierno laborista de Keir Starmer ensaya una vía intermedia: un toque de queda nocturno voluntario para los jóvenes de 16 y 17 años, con la desactivación por defecto de funciones como la reproducción automática de vídeos. Un programa piloto con 300 adolescentes y sus padres mostró mejoras en el sueño y la concentración, pero la oposición conservadora lo tachó de “insignificante” porque los propios usuarios pueden desactivar la restricción.

Bajo el debate sobre la eficacia de las prohibiciones subyace una realidad más sombría. Un informe del Centro de Expertos sobre Abuso Sexual Infantil de Inglaterra y Gales estima que uno de cada seis menores sufre abusos sexuales durante la infancia, y que más del 40% de esos delitos tienen ya un componente en línea. La velocidad con la que muta el acoso digital dificulta medir su verdadera magnitud y, según los autores, existe una “brecha significativa y creciente” entre las víctimas y quienes reciben apoyo. La misma joven que encontró en un mensaje privado un salvavidas emocional teme que, sin esas plataformas, muchos se queden sin a quién recurrir. “La mayoría de los jóvenes no dejaríamos de usar las redes sociales —advierte—; simplemente nos mudaríamos a otra aplicación”. La imagen final no es la de un adolescente desconectado, sino la de una pantalla que se enciende a medianoche, con un mensaje que busca a alguien al otro lado.