La 56ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), reunida en Panamá, se convirtió este martes en escenario de dos debates paralelos que reflejan tensiones hemisféricas: la crisis política en Bolivia y la estrategia contra el crimen organizado. Mientras una declaración conjunta de 16 países, impulsada por Washington y suscrita por Argentina, Chile, Perú y otros gobiernos de la región, respaldó al presidente boliviano Rodrigo Paz tras el levantamiento de los bloqueos que paralizaron el país durante 53 días, el canciller brasileño Mauro Vieira advirtió que rotular a facciones criminales como organizaciones terroristas “no desmantela las redes” y puede servir de “pretexto para respuestas que ignoran fronteras, jurisdicciones y la igualdad soberana de las naciones”.

La declaración sobre Bolivia, difundida por la embajada estadounidense en La Paz, calificó los cortes de ruta como una “grave amenaza para el orden constitucional y la estabilidad democrática” y denunció que “una minoría violenta pretende desconocer la voluntad expresada en las urnas”. El texto condenó las restricciones al acceso a alimentos, combustibles y atención médica, y exigió corredores humanitarios. Desde la capital boliviana, el presidente Paz anunció que el estado de excepción, vigente desde el sábado y ratificado por el Congreso, se mantendrá por 90 días para “ordenar el país” y evitar nuevos bloqueos, al tiempo que convocó a un “encuentro nacional por la unidad”. En contraste, el expresidente Evo Morales, refugiado en el Chapare y con una orden de arresto por un caso de presunta trata de menores, declaró a la AFP que el gobierno impulsa una “guerra civil” con su “política neoliberal”, aunque sus bases acataron un “cuarto intermedio” en las protestas.

En el mismo foro, el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, urgió a la OEA a ser “más proactiva” contra las organizaciones terroristas que producen y trafican narcóticos como el fentanilo, y pidió “cero tolerancia” frente a regímenes totalitarios en Cuba, Nicaragua y Venezuela. La postura de Brasil, expresada por el ministro Vieira, se distanció de esa clasificación: según fuentes diplomáticas en Brasilia, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva considera que la designación unilateral de Estados Unidos —que desde el 5 de junio trata al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV) como Organizaciones Terroristas Extranjeras— genera inseguridad jurídica y puede afectar la cooperación bilateral, sin modificar la legislación brasileña. Analistas en São Paulo advierten que la medida habilita el congelamiento de activos, restricciones migratorias y un mayor escrutinio sobre instituciones financieras con vínculos en el sistema estadounidense.

La Asamblea también aprobó una declaración que condena al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua por violaciones sistemáticas de derechos humanos que, según el último informe de la Comisión Interamericana, podrían constituir crímenes de lesa humanidad, y expresó preocupación por la situación en Cuba y Venezuela. En Bolivia, la Administradora Boliviana de Carreteras reportó el primer día sin bloqueos activos, pero el Ejecutivo mantiene el estado de excepción como instrumento legal para la reorganización interna. Se espera que en las próximas semanas el gobierno de Paz avance en el diálogo nacional mientras la OEA continúa el seguimiento de la crisis boliviana y la implementación de las medidas estadounidenses contra el narcotráfico sigue generando debate entre los países miembros.