La publicación del informe Ockenden, la investigación más amplia sobre servicios de maternidad en la historia del sistema público británico, ha documentado que más de 500 madres y recién nacidos sufrieron daños potencialmente evitables o fallecieron por deficiencias asistenciales en el Nottingham University Hospitals NHS Trust. La revisión, que abarcó más de 2.500 familias y examinó casos ocurridos entre 2012 y 2025, identificó 156 muertes de bebés —94 mortinatos y 62 fallecimientos neonatales— y la muerte de seis madres en las dos unidades gestionadas por el trust en el centro de Inglaterra.

La investigación, liderada por la matrona jefe Donna Ockenden, describe una “cultura tóxica y de acoso” enquistada durante años, donde una minoría de líderes con poder silenciaba preocupaciones, degradaba incidentes y desestimaba sistemáticamente las voces de las mujeres, en particular las más vulnerables. El informe detalla que la escasez crónica de personal era una práctica establecida: el 80% de los encuestados afirmó que la plantilla era insuficiente para la carga de trabajo y el 59% trabajaba habitualmente fuera de su horario. Se registraron interacciones calificadas como “crueles”, como decir a parturientas que “se recompusieran” o que esperaran su turno. En varios casos, los fallos contribuyeron a lesiones cerebrales neonatales graves y a muertes por falta de oxígeno, infecciones intrahospitalarias y manejo inadecuado del parto. El caso de Harriet Hawkins, nacida muerta en 2016 pese a que sus padres eran médicos del mismo trust, ejemplifica el patrón: las alertas fueron ignoradas y se orquestó un encubrimiento sistémico con investigaciones diseñadas para inducir a error.

Desde la óptica del gobierno británico, el ministro de Salud James Murray calificó las conclusiones de “escalofriantes” ante el Parlamento y denunció que los organismos reguladores se mostraron más preocupados por proteger a los clínicos que por exigir responsabilidades. Murray se declaró “horrorizado por la negligencia, la incompetencia, el racismo, la discriminación, el desprecio y el acoso” sufridos por las familias y anunció un plan de acción antes de fin de año. Entre las medidas inmediatas figura la extensión de la “Regla Martha” —que garantiza a los pacientes el derecho a una segunda opinión independiente— a todas las maternidades de Inglaterra, así como la futura obligación legal de que el personal del NHS testifique en investigaciones sobre maternidad, bajo pena de hasta dos años de prisión.

El escándalo de Nottingham se inscribe en una serie de crisis en la atención materna inglesa que incluye a los trusts de East Kent, Morecambe Bay y Shrewsbury and Telford. La propia Ockenden advirtió que las recomendaciones de su anterior investigación sobre Shrewsbury, publicada en 2022, permanecen en gran medida sin implementar. Analistas en Londres señalan que la recurrencia de estos fallos apunta a un problema institucional de fondo: la incapacidad del sistema para escuchar a las mujeres y priorizar su seguridad. El próximo hito será la publicación, la semana entrante, de una revisión nacional rápida encargada por el gobierno sobre los servicios de maternidad en otros 14 trusts hospitalarios, que podría ampliar el alcance de las reformas prometidas.