El Tribunal de Apelación de París confirmó este martes la culpabilidad de Marine Le Pen por malversación de fondos del Parlamento Europeo, pero redujo su pena de inhabilitación a 15 meses firmes —ya cumplidos desde la condena inicial de marzo de 2025—, lo que le permite legalmente presentarse a las elecciones presidenciales de abril de 2027. La sentencia impone además un año de arresto domiciliario con brazalete electrónico, condición que la propia Le Pen había calificado de incompatible con una campaña. Horas después, en una entrevista televisiva, la líder de Agrupación Nacional anunció que será candidata y que recurrirá ante el Tribunal de Casación, paso que, según su interpretación, suspende la ejecución de la pena y le permitiría hacer campaña sin el dispositivo de vigilancia.

Desde Bruselas, el abogado del Parlamento Europeo subrayó que la decisión confirma por segunda vez un sistema de desvío de fondos públicos que sustrajo 2,8 millones de euros entre 2004 y 2016, y planteó la pregunta de si es aceptable que una persona condenada por malversación aspire a la jefatura del Estado. La oposición de izquierda y sectores del oficialismo francés coincidieron en señalar que la candidatura de Le Pen contradice la ejemplaridad exigible a un presidente, mientras que en la órbita de Agrupación Nacional se denunció una instrumentalización política de la justicia. Analistas en París observan que el tribunal, al invocar la “libertad de candidatura” y la “libre elección de los electores” como principios que atenuaron la inhabilitación, trasladó a la propia Le Pen la responsabilidad de decidir si compite en estas condiciones.

La incertidumbre jurídica no despeja el panorama electoral. Si el recurso de casación prospera, la inhabilitación quedaría en suspenso y Le Pen podría afrontar la campaña sin restricciones; si fracasa, deberá portar el brazalete durante un año, escenario que ella misma consideró inviable. Su delfín, Jordan Bardella, de 30 años, permanece como alternativa y ambos encabezan los sondeos con más del 30 % de intención de voto en la primera vuelta. Desde la óptica de Bruselas, el caso se observa como una prueba de la solidez institucional francesa en un momento en que la extrema derecha aspira por primera vez con posibilidades reales a ocupar el Elíseo.

El proceso se remonta a un esquema de empleos ficticios de asistentes parlamentarios europeos que, según la justicia, benefició al entonces Frente Nacional. La condena original de marzo de 2025 —cinco años de inhabilitación con ejecución inmediata— sacudió el tablero político al bloquear de facto la candidatura de Le Pen. La corte de apelación, sin embargo, consideró que la ejecución provisional ya había reparado la “afrenta a la integridad” y que un veto más prolongado vulneraría el principio democrático. El Tribunal de Casación ha indicado que, de ser requerido, procurará emitir un fallo antes de los comicios. La fiscalía general dispone hasta el 20 de julio para decidir si también recurre, mientras la campaña electoral queda abierta a la espera de definiciones judiciales.