Un tribunal de la provincia oriental de Jiangsu condenó este lunes a la pena de muerte a Yang Youlin, ex alto cargo de la administración de Nanjing, por aceptar sobornos por valor de más de 2.200 millones de yuanes (unos 300 millones de euros) a lo largo de tres décadas. El Tribunal Popular Intermedio de Changzhou lo halló culpable también de malversación, blanqueo de capitales, desvío de fondos públicos y abuso de poder, y ordenó la confiscación de todos sus bienes personales y la privación perpetua de sus derechos políticos. Yang, de 69 años, admitió los hechos y expresó arrepentimiento en su declaración final, según el relato de la prensa estatal china.

Desde la óptica del Partido Comunista Chino, la sentencia se inscribe en la vasta campaña anticorrupción impulsada por el presidente Xi Jinping durante más de una década, que ha investigado a millones de funcionarios. El tribunal justificó la severidad del castigo al calificar los delitos de “naturaleza extremadamente grave” y afirmar que causaron “pérdidas excepcionalmente cuantiosas a los intereses del Estado y del pueblo”. En contraste, analistas en Washington y círculos diplomáticos europeos señalan que estas purgas también han servido para eliminar rivales políticos internos, una lectura que Pekín rechaza sistemáticamente.

La pena capital por delitos económicos sigue siendo poco frecuente en China, pero se aplica cuando las sumas superan los 1.000 millones de yuanes. En 2024 fue ejecutado Li Jianping, exfuncionario de Mongolia Interior, por un caso de más de 3.000 millones de yuanes, y en 2021 corrió la misma suerte Lai Xiaomin, expresidente de la financiera estatal China Huarong, por sobornos de 1.790 millones de yuanes. En otras ocasiones, como la del exvicealcalde Zhang Zhongsheng en 2018, la condena a muerte fue conmutada por cadena perpetua tras devolver los activos robados y colaborar con los investigadores. En el caso de Yang, el tribunal consideró que su cooperación fue “insuficiente para justificar un castigo más indulgente”.

La sentencia se produce en un contexto de endurecimiento de los controles internos del Partido Comunista, que en los últimos meses también ha alcanzado a exministros de Defensa. El tribunal de Changzhou indicó que se continuará con la recuperación de los fondos ilícitos aún no localizados. Se espera que la defensa pueda apelar la decisión ante una instancia superior, aunque el historial reciente sugiere que las condenas a muerte en megacasos de corrupción tienden a ser confirmadas cuando los montos superan el umbral de los 1.000 millones de yuanes.