El Gobierno de México acusó públicamente al exembajador estadounidense Ken Salazar de haber mentido al negar la participación de agencias de Estados Unidos en la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, ocurrida en julio de 2024. La declaración se produjo después de que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) exhibiera en un museo de Texas la aeronave utilizada para trasladar al cofundador del Cártel de Sinaloa, atribuyéndose el operativo. La presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentaron una línea de tiempo que, según fuentes del Ejecutivo mexicano, evidencia contradicciones entre lo afirmado entonces por Salazar —“no fue nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestra gente”— y la actual reivindicación del FBI.

Desde la óptica del Gobierno mexicano, la posible intervención de agentes federales estadounidenses en territorio nacional sin autorización constituiría una violación de la Carta de las Naciones Unidas, de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, de la Constitución mexicana y de la Ley de Seguridad Nacional. Sheinbaum subrayó que la exigencia de claridad no pone en duda la legitimidad de la detención de un presunto delincuente, sino las condiciones en que se ejecutó y la veracidad de la información compartida entre ambos países. “Alguien mintió”, sentenció Rodríguez, mientras la mandataria preguntó retóricamente “¿quién acuerda con miembros de la delincuencia organizada?”, en alusión a los presuntos pactos entre agencias estadounidenses y la facción de Los Chapitos.

La controversia reaviva tensiones diplomáticas que, según analistas en Ciudad de México, trascienden el caso Zambada. La cooperación bilateral en seguridad ya atravesaba un momento delicado por las amenazas del presidente Donald Trump de imponer aranceles y por la reciente imputación del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por parte del Departamento de Justicia estadounidense. Mientras la oposición mexicana, encabezada por el PAN, acusó a Sheinbaum de “defender a un narco” y de proteger a Rocha Moya, el partido gobernante Morena respaldó la postura presidencial como una defensa de la soberanía y exigió que cualquier cooperación futura se apegue a los mecanismos institucionales.

El contexto procesal añade capas al diferendo. Zambada se declaró culpable en agosto de 2025 y aceptó una condena a cadena perpetua; su defensa solicitó que cumpla la pena en un centro médico federal, no en una prisión de máxima seguridad. Por su parte, Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, admitió haber secuestrado al capo para entregarlo a las autoridades estadounidenses. La Fiscalía General de la República mexicana mantiene abiertas investigaciones tanto sobre este caso como sobre la presencia de agentes de la CIA en un operativo en Chihuahua, mientras la Secretaría de Relaciones Exteriores ha solicitado formalmente al FBI que aclare su participación. La sentencia de Zambada está prevista para el 20 de julio de 2026, y la publicación del libro de memorias de Salazar, anunciada para el 28 de julio, podría aportar nuevos elementos a un expediente que mantiene en vilo la relación bilateral.