La Corte Suprema de Estados Unidos declaró inconstitucional la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que pretendía negar la ciudadanía automática a los hijos de inmigrantes en situación irregular o con estancia temporal. La decisión, adoptada el 30 de junio por seis votos contra tres, reafirma que la Decimocuarta Enmienda —incorporada a la Constitución en 1868— garantiza la nacionalidad a toda persona nacida en territorio estadounidense, con independencia del estatus migratorio de sus padres. El presidente del tribunal, John Roberts, redactó una opinión mayoritaria que se apoya en el precedente de 1898 United States vs. Wong Kim Ark y en la tradición del common law inglés, según se desprende de los argumentos expuestos en la sentencia.

Sin embargo, analistas jurídicos en Washington subrayan que este revés para la Casa Blanca constituye una excepción dentro de una trayectoria judicial ampliamente favorable a las políticas restrictivas del Ejecutivo. En el último año, el mismo tribunal ha permitido poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para cientos de miles de venezolanos, haitianos y sirios; ha avalado las deportaciones hacia terceros países con los que los migrantes no tienen vínculo; y ha otorgado mayor discrecionalidad a los agentes migratorios para detener a residentes permanentes acusados —pero no condenados— de delitos. Organizaciones defensoras de inmigrantes advierten que estas decisiones consolidan la mayor expansión del poder presidencial en materia migratoria en décadas, al legitimar cambios profundos sin necesidad de pasar por el Congreso.

En paralelo, la administración ha intensificado las operaciones de detención y deportación con un perfil más bajo que en la primera etapa del mandato, pero con metas diarias de arrestos que duplican las del inicio de 2026, según reportes de prensa. La apertura prevista para agosto de un centro de retención de 528 camas junto al aeropuerto de Alexandria, Luisiana —el mayor núcleo de vuelos de deportación del país— busca agilizar la expulsión de familias y menores no acompañados. Datos oficiales analizados por medios estadounidenses indican que las órdenes de deportación de menores de edad se han multiplicado por cuatro respecto al primer gobierno de Trump, mientras que los cónyuges de ciudadanos estadounidenses enfrentan un escrutinio sin precedentes en sus trámites migratorios, una categoría que históricamente gozaba de protección especial bajo la ley.

Desde la óptica de gobiernos latinoamericanos, la combinación de deportaciones aceleradas y el fin de protecciones humanitarias genera incertidumbre sobre la capacidad de recepción en países de origen ya afectados por crisis económicas o desastres naturales, como Venezuela tras los terremotos de junio. La decisión sobre la ciudadanía por nacimiento cierra por ahora la vía ejecutiva para modificar ese derecho, pero legisladores republicanos han reactivado el debate sobre una posible reforma constitucional o legislativa. El tribunal, mientras tanto, mantiene intactas las herramientas administrativas que permiten al Ejecutivo reconfigurar el sistema migratorio sin alterar el texto de la Carta Magna.