El gobierno israelí aprobó el domingo una declaración unánime en la que anuncia que no acatará una decisión del Tribunal Supremo relativa a la composición de la Autoridad Segunda de Televisión y Radio, el organismo que supervisa a los medios comerciales del país. La medida, calificada por el presidente Isaac Herzog como una “línea roja” que no debe cruzarse, provocó la condena inmediata de la oposición y de la fiscal general, Gali Baharav-Miara, y llevó al Movimiento por un Gobierno de Calidad a anunciar que pedirá sanciones por desacato, incluidas multas o arrestos contra los ministros implicados.

Desde la óptica del Ejecutivo, el fallo del 17 de junio —que permitió al consejo del regulador seguir sesionando pese a no alcanzar el mínimo legal de miembros tras varias renuncias— constituye una extralimitación judicial. El ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, afirmó que el gabinete considera la decisión “ilegal” y que se ignorarán sus consecuencias administrativas. No obstante, el secretario del gabinete, Yossi Fuchs, matizó posteriormente que el texto aprobado no llama a desobedecer al tribunal, sino que formula una crítica severa y anuncia que se emplearán todos los medios legales para revocar la orden. Analistas en Europa señalan que la discrepancia entre el comunicado de Karhi y la declaración oficial del gabinete refleja una estrategia de presión política que, sin embargo, mantiene abierta la vía judicial.

El trasfondo del conflicto son las designaciones para el consejo de la Autoridad Segunda, cuestionadas por presuntos conflictos de intereses y sesgo político. El tribunal emitió una orden cautelar que congela la actividad del organismo mientras se resuelven los recursos, después de que el Estado no presentara su respuesta en el plazo fijado. Para la oposición, encabezada por Yair Lapid, la actitud del gobierno supone “la crisis constitucional más grave de la historia de Israel” y convierte al Ejecutivo en ilegítimo. Observadores en Madrid y en capitales latinoamericanas subrayan que el episodio se inscribe en una tendencia global de fricción entre poderes ejecutivos y judiciales, y recuerda las masivas protestas de 2023 contra la reforma judicial impulsada por el ministro de Justicia, Yariv Levin, que quedó en suspenso tras el ataque de Hamás del 7 de octubre.

El contexto electoral añade presión: Israel debe celebrar comicios antes de finales de octubre, y las encuestas anticipan una derrota de la coalición de derecha y partidos religiosos que lidera Benjamin Netanyahu. Dentro del Likud, las primarias previas a los comicios podrían incentivar a los ministros a exhibir medidas contra el poder judicial y los medios, a los que el oficialismo suele tildar de instituciones elitistas de izquierda. El propio Netanyahu, que guarda silencio público sobre la declaración, enfrenta un juicio por corrupción en el que dos de las tres causas aluden a favores regulatorios a magnates de la comunicación, lo que, según fuentes de la oposición, añade un interés personal a la ofensiva contra el tribunal.

El Movimiento por un Gobierno de Calidad ha anunciado que recurrirá al propio Supremo invocando la ordenanza de desacato, mientras la fiscal general estudia las implicaciones legales de la decisión del gabinete. El presidente Herzog instó a todas las partes a respetar la separación de poderes, y desde Bruselas se sigue con atención un pulso que, en opinión de fuentes comunitarias, pone a prueba los fundamentos democráticos de Israel en un momento de alta volatilidad regional. Se espera que en los próximos días el tribunal se pronuncie sobre la admisibilidad de las peticiones de sanción, mientras el gobierno evalúa los mecanismos legales para revertir la orden cautelar.