John Bolton, quien fuera consejero de Seguridad Nacional durante el primer mandato de Donald Trump, se declaró culpable el viernes ante un tribunal federal de Maryland de un cargo de retención ilegal de información clasificada. El acuerdo con la fiscalía, alcanzado a principios de junio, contempla una multa de 2,25 millones de dólares —la mitad pagadera en cinco días y el resto en 90—, la pérdida de su pensión como funcionario y hasta 100 horas de servicios comunitarios. La fiscal federal Kelly Hayes precisó que Bolton también deberá someterse a una sesión informativa con agencias de inteligencia. Aunque el pacto recomienda una pena máxima de cinco años de prisión, el juez Theodore Chuang no está vinculado por ese límite y fijó la audiencia de sentencia para el 28 de octubre.

La acusación original, presentada en octubre de 2025, imputaba a Bolton 18 cargos por transmitir y retener información de defensa nacional. Según los fiscales, el exfuncionario compartió con su esposa e hija más de mil páginas de anotaciones casi diarias que detallaban reuniones de inteligencia, operaciones encubiertas y conversaciones con líderes extranjeros, utilizando una cuenta de correo personal que luego fue pirateada por un actor vinculado a Irán, según las autoridades estadounidenses. La investigación se inició durante la administración de Joe Biden y contó con el respaldo de fiscales federales de carrera, lo que, desde la óptica de analistas jurídicos en Washington, diferencia este caso de otras causas impulsadas por el Departamento de Justicia contra opositores de Trump.

Bolton, un halcón de la política exterior que sirvió en varias administraciones republicanas, se convirtió en un crítico feroz de Trump tras ser despedido en 2019. Su libro de memorias, 'The Room Where It Happened', describió al presidente como 'sorprendentemente desinformado' y desató una batalla legal que el gobierno perdió. En América Latina, la figura de Bolton evoca su defensa de la Doctrina Monroe y su papel en la estrategia de máxima presión contra Venezuela, lo que generó rechazo en gobiernos de la región. Desde Bruselas, la causa se observa como un episodio más de la difuminación de las fronteras entre justicia y política en Washington, aunque fuentes diplomáticas europeas subrayan que la solidez probatoria del caso Bolton contrasta con los procesos contra el exdirector del FBI James Comey o la fiscal general de Nueva York Letitia James, que fueron desestimados o reformulados en medio de denuncias de persecución política.

El propio Bolton calificó en su momento la investigación como un intento de 'utilizar el Departamento de Justicia como arma' contra los enemigos del presidente. Sin embargo, en la sala del tribunal reconoció los hechos y dijo: 'Lo lamento, señoría'. Su abogado, Abbe Lowell, afirmó que el exasesor asumió la responsabilidad para evitar un juicio que habría expuesto más secretos. La sentencia queda ahora en manos del juez Chuang, quien podrá imponer una pena de prisión, una multa mayor o incluso permitir que Bolton evite la cárcel. El desenlace, previsto para octubre, definirá el primer caso exitoso de la ofensiva judicial de la era Trump contra sus detractores, al tiempo que reavivará el debate sobre el manejo de información clasificada por altos cargos.