El 26 de junio de 2026, la República Democrática del Congo (RDC) presentó una demanda contra Ruanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por su presunta responsabilidad en la violencia que asola el este congoleño desde hace más de tres décadas. Se trata del tercer intento de Kinshasa de llevar el caso al máximo tribunal de la ONU; los anteriores, en 2001 y 2006, fueron retirados o desestimados por falta de jurisdicción. En esta ocasión, la RDC invoca la violación de las convenciones sobre prevención del genocidio, eliminación de la discriminación racial, discriminación contra la mujer y tortura, y solicita a la CIJ que ordene el cese inmediato de las operaciones militares ruandesas en su territorio y el pago de reparaciones.

Según el texto de la demanda, Ruanda ha desplegado tropas y ha respaldado o dirigido a grupos armados —en particular el Movimiento 23 de Marzo (M23)— para cometer masacres, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual y desplazamientos forzados contra la población civil, incluidos los hutus que huyeron tras el genocidio de 1994 y otras comunidades como los nyindu, bembe o nande. Desde Kinshasa se sostiene que estas acciones constituyen una campaña sistemática de abusos que se remonta a 1996. Por su parte, el gobierno de Ruanda no había respondido al cierre de esta edición, pero ha negado reiteradamente cualquier apoyo a grupos rebeldes y, desde la óptica de Kigali, la presencia en el este de la RDC de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR) —milicia hutu que incluye a perpetradores del genocidio— representa una amenaza existencial que justifica sus intervenciones. Expertos de Naciones Unidas y gobiernos occidentales han respaldado la tesis congoleña al documentar la participación directa de tropas ruandesas junto al M23.

El conflicto hunde sus raíces en el genocidio de 1994, cuando extremistas hutus asesinaron a unas 800.000 personas, en su mayoría tutsis, y alrededor de un millón de hutus cruzaron la frontera hacia el actual territorio congoleño. Las tensiones étnicas se agravaron con las dos invasiones del ejército ruandés, que afirmaba perseguir a los genocidas, y con el surgimiento de múltiples grupos armados que se disputan el control de una región rica en minerales como el coltán y el oro. El último episodio de escalada, en enero de 2025, permitió al M23 tomar la capital regional, Goma, y ampliar su dominio pese a un acuerdo de paz firmado en diciembre con mediación de Estados Unidos y Catar. Para analistas jurídicos en Europa y América Latina, el caso reaviva el debate sobre la jurisdicción de la CIJ en virtud de la Convención contra el Genocidio, un instrumento que ya fue invocado en litigios como el de Bosnia contra Serbia y que podría enfrentar obstáculos similares si Ruanda mantiene sus reservas a los tratados citados.

La presentación de la demanda coincide con un endurecimiento de la presión diplomática: el jueves, Washington impuso sanciones a una refinería de oro ruandesa por su coordinación con el M23, en un gesto que, según fuentes estadounidenses, busca apuntalar las negociaciones de paz. La CIJ ha confirmado la recepción de la solicitud y deberá pronunciarse en primer lugar sobre su competencia para conocer el fondo del asunto. Mientras tanto, las conversaciones auspiciadas por EE.UU. y Catar no han logrado un alto el fuego duradero, y la nueva ofensiva judicial de la RDC añade un frente legal a un conflicto que sigue sin visos de solución inmediata.