La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó este martes que la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para restringir la ciudadanía por nacimiento es incompatible con la Decimocuarta Enmienda de la Constitución. Con una mayoría de seis jueces frente a tres, el tribunal confirmó que toda persona nacida en suelo estadounidense —con las limitadas excepciones de hijos de diplomáticos o de fuerzas de ocupación enemigas— adquiere automáticamente la nacionalidad, sin que el estatus migratorio de los padres altere ese derecho. La decisión, leída por el presidente del tribunal, John Roberts, deja sin efecto un decreto firmado el 20 de enero de 2025 que nunca llegó a aplicarse por haber sido bloqueado en instancias inferiores.

La administración Trump sostenía que la cláusula “sujeta a la jurisdicción” de la Enmienda excluye a los niños cuyos progenitores carecen de residencia permanente legal, al no deber una “lealtad primaria” a Estados Unidos. Frente a esa interpretación, los demandantes —una acción colectiva en Nuevo Hampshire respaldada por la Unión Americana de Libertades Civiles— argumentaron que el texto constitucional y más de un siglo de jurisprudencia, en particular el precedente Wong Kim Ark de 1898, garantizan la ciudadanía por nacimiento a prácticamente todos los nacidos en el país. La mayoría del tribunal, que incluyó a la jueza conservadora Amy Coney Barrett y al progresista Brett Kavanaugh en una concurrencia parcial, consideró que los términos “madre”, “padre”, “legal” o “temporal” no figuran en la Enmienda y que la historia legislativa no respalda una lectura restrictiva. En disidencia, los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch defendieron que la enmienda fue concebida para garantizar la ciudadanía a los antiguos esclavos y no a los hijos de extranjeros en situación irregular.

La sentencia tiene consecuencias directas para unos 150.000 a 250.000 recién nacidos al año, según estimaciones de centros de estudios migratorios citados en el proceso, y evita que miles de familias deban acreditar la nacionalidad de sus hijos mediante trámites adicionales. En el plano institucional, el fallo supone el segundo revés de calado que el alto tribunal inflige a una iniciativa emblemática del presidente Trump en este período de sesiones, tras la anulación en febrero de los aranceles globales que había impuesto amparándose en una declaración de emergencia nacional. La decisión reafirma asimismo que el poder ejecutivo no puede modificar por decreto el significado de una disposición constitucional, un límite observado con atención desde capitales latinoamericanas donde el debate sobre el ius soli también está presente.

El principio de ciudadanía por nacimiento, compartido por la mayoría de los países del continente americano, quedó ratificado en Estados Unidos en vísperas del 250.º aniversario de su independencia. La Casa Blanca había convertido el caso en un eje de su ofensiva migratoria, y el propio Trump asistió a las vistas orales en abril, en un gesto sin precedentes para un presidente en ejercicio. Con la vía judicial agotada, cualquier modificación sustancial del derecho de suelo requeriría una enmienda constitucional o una ley del Congreso, escenarios que exigen mayorías cualificadas de las que la administración carece en la actual legislatura. El expediente judicial queda cerrado, pero la controversia política sobre el alcance de la ciudadanía continúa abierta en la campaña electoral de medio término.