La Corte Suprema de Estados Unidos anuló este martes, por seis votos contra tres, los límites federales que durante más de medio siglo restringían el gasto coordinado entre los partidos políticos y sus candidatos al Congreso y la presidencia. La sentencia, redactada por el juez conservador Brett Kavanaugh, determina que esos topes —establecidos tras el escándalo de Watergate— violan la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión. A partir de ahora, los comités nacionales republicano y demócrata podrán destinar fondos ilimitados a sufragar anuncios, actos de campaña o consultorías en coordinación directa con los aspirantes, sin los anteriores máximos que oscilaban entre 127.200 y casi cuatro millones de dólares según el estado y el tipo de elección.

La demanda que originó el fallo fue presentada en 2022 por los comités senatorial y congresual republicanos, junto con el entonces candidato a senador por Ohio J. D. Vance —hoy vicepresidente— y el exrepresentante Steve Chabot. Desde la óptica de los demandantes, las restricciones representaban una anomalía frente a la jurisprudencia reciente del tribunal, que en casos como Citizens United (2010) había equiparado el gasto político con expresión amparada por la Primera Enmienda. La administración Trump, a través de la Comisión Federal Electoral, se alineó con los republicanos y pidió expresamente la derogación de los límites. En contraste, el Partido Demócrata y los tres jueces liberales —Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson— defendieron la vigencia de los topes como un dique contra la corrupción. La jueza Kagan sostuvo en su voto disidente que la mayoría “reescribe las reglas para permitir la elusión de los límites a las contribuciones”, al convertir al partido en una “cuenta corriente alternativa” de la campaña.

Analistas en Washington advierten que la decisión tendrá un impacto inmediato en las elecciones legislativas de noviembre, donde está en juego el control del Congreso. Los comités republicanos disponen actualmente de unos 230 millones de dólares en efectivo, más del doble que sus homólogos demócratas, y según fuentes del Comité Nacional Republicano, la litigación era una de las razones para acumular reservas a la espera de un fallo favorable. La eliminación de los límites permite ahora a los grandes donantes —que pueden aportar hasta 132.900 dólares anuales a un partido, frente a solo 3.500 dólares a un candidato— canalizar sumas mucho mayores hacia campañas específicas, aunque las normas federales prohíben expresamente “etiquetar” fondos para un aspirante concreto. Observadores en América Latina señalan que la medida profundiza un modelo de financiamiento electoral basado en el poder de donantes privados, en contraste con los sistemas de financiamiento público predominantes en países como México o España.

El fallo se inscribe en una serie de decisiones de la Corte Suprema que, desde 2010, han desmantelado progresivamente las regulaciones al dinero en la política estadounidense. La sentencia de Citizens United ya había eliminado las restricciones al gasto independiente de corporaciones y sindicatos, y el tribunal ha reiterado en múltiples ocasiones que el gasto electoral es una forma de discurso protegido. La decisión de este martes deroga explícitamente un precedente de 2001 que había avalado los límites a los gastos coordinados, al considerar que estos se asemejaban más a contribuciones directas —susceptibles de generar corrupción— que a desembolsos independientes. El juez Clarence Thomas, único miembro actual que participó en aquel fallo, había calificado entonces de “desconcertante” que se ofreciera menor protección al discurso político que a otras formas de expresión.

Con la nueva regla en vigor, los estrategas de ambos partidos anticipan una reconfiguración de las tácticas de recaudación. Mientras los republicanos confían en explotar su ventaja de caja para apuntalar candidaturas en distritos disputados, los demócratas evalúan mecanismos para competir en el nuevo escenario, posiblemente replicando la estructura de grandes donantes que hasta ahora les resultaba menos afín. No se espera que el Congreso impulse legislación correctiva a corto plazo, dado el control republicano de ambas cámaras y la posición de la Casa Blanca. El expediente judicial queda cerrado, pero sus efectos se medirán en las urnas dentro de cinco meses.