Un tribunal de Medellín impuso 18 años y 8 meses de prisión a un ciudadano peruano-estadounidense por explotación sexual de una adolescente de 14 años, mientras que en Brasil dos operativos simultáneos derivaron en la captura de un joven en Bahía y de un influenciador digital en Santa Catarina, ambos acusados de grooming a través de juegos en línea. Las acciones, coordinadas en los últimos días, reflejan una ofensiva judicial en América Latina contra la explotación sexual facilitada por entornos digitales, que según fiscales colombianos y brasileños se ha sofisticado con el uso de plataformas como Roblox, Minecraft y redes sociales para contactar a las víctimas.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación en Colombia, el condenado contactó a la menor mediante redes sociales, le ofreció dinero y viajó a Medellín para concretar el abuso en febrero de 2023; fue capturado en julio de 2024 en el aeropuerto internacional José María Córdova. En Brasil, la Policía Civil de Paraná señaló que el detenido en Bahía se hacía pasar por un niño de 10 a 12 años en Roblox para ganarse la confianza de adolescentes y solicitar material íntimo, mientras que la Policía Civil de São Paulo indicó que el influenciador Matheus Martins, con más de 200.000 seguidores, prometía monedas virtuales y popularidad en redes a cambio de contenido sexual, para luego chantajear a las víctimas. En Rusia, un tribunal de Vorónezh sentenció a 12 años de prisión a un hombre que, según la investigación, cometió actos sexuales contra una menor a través de un servicio de mensajería entre 2023 y 2024.

Desde la óptica de las autoridades colombianas, la cooperación internacional ha sido determinante: la captura en Medellín fue posible gracias al trabajo conjunto de la Fiscalía, la Policía Nacional y la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI). Analistas en seguridad regional observan que esta colaboración responde a un incremento de casos de turismo sexual infantil y de redes que operan de forma remota, lo que ha llevado a ciudades como Medellín a inadmitir a 80 extranjeros en lo que va del año por presunto turismo sexual. En paralelo, el caso argentino expone otra vertiente: la fiscalía federal de San Juan pidió 12 años de prisión para un abogado y un ciudadano colombiano acusados de explotar sexualmente a al menos 37 mujeres adultas mediante estudios de webcam, bajo un esquema de falsas promesas laborales, retención de ganancias y control remoto de dispositivos sexuales durante las transmisiones en plataformas como Stripchat y Chaturbate.

Los procesos judiciales en Colombia y Rusia aún admiten apelación, mientras que en Brasil los detenidos aguardan la evolución de las investigaciones, que según las policías civiles podrían identificar a nuevas víctimas a partir del peritaje de los dispositivos incautados. En Argentina, el tribunal oral deberá resolver el pedido fiscal de decomiso de bienes y la eliminación del contenido producido. La sucesión de causas, según fuentes judiciales consultadas, evidencia un desafío para los sistemas penales de la región: la necesidad de adaptar las técnicas de investigación a delitos que borran las fronteras físicas y se apoyan en la vulnerabilidad económica y la exposición digital de las víctimas.