La Fiscalía General de Alemania presentó la primera acusación formal por el sabotaje de los gasoductos Nord Stream, imputando a un ciudadano ucraniano, Serhii K., por crímenes de guerra, provocación de explosiones y destrucción de infraestructura. Según el auto de acusación, el sospechoso lideró un comando de siete personas que, a bordo del yate Andromeda, colocó cargas explosivas en los conductos del mar Báltico en septiembre de 2022. El acusado, extraditado desde Italia en noviembre de 2025, se encuentra en prisión preventiva en Hamburgo a la espera de que la Audiencia Territorial Hanseática decida sobre la apertura del juicio.

Desde Berlín, la investigación apunta a que el grupo actuó con explosivos de uso militar y dejó rastros de octógeno y hexógeno, coincidentes con las muestras recogidas en los tramos dañados. Las escuchas telefónicas practicadas durante la detención en Italia habrían aportado pruebas autoincriminatorias, según fuentes judiciales alemanas. La defensa del imputado, en cambio, anticipa la absolución y niega su participación. Moscú, que califica el ataque de acto de terrorismo internacional, ha reiterado su disposición a un diálogo sustantivo con Alemania sobre la investigación, al tiempo que la operadora Nord Stream 2 AG demandó al Parlamento Europeo y al Consejo de la UE por una decisión que restringe el gas ruso.

El proceso judicial introduce un factor de fricción en la relación entre Berlín y Kiev, ya que el acusado habría pertenecido a una unidad de élite de las fuerzas armadas ucranianas, aunque el gobierno de Ucrania no se ha pronunciado oficialmente. Analistas en Bruselas observan que la imputación por crímenes de guerra —al atacar infraestructura energética civil— podría sentar un precedente jurídico incómodo para los países que sostienen militarmente a Ucrania. Desde América Latina, expertos en derecho internacional subrayan la paradoja de que Alemania, principal soporte europeo de Kiev, lidere una causa penal que señala a un militar ucraniano, mientras Polonia se negó a extraditar a otro sospechoso alegando intereses nacionales.

Los gasoductos Nord Stream 1 y 2, construidos para llevar gas ruso directamente a Alemania, estaban fuera de servicio en el momento de las explosiones: el primero por las sanciones recíprocas y el segundo porque nunca llegó a operar tras la suspensión de su certificación por Berlín. La destrucción de tres de los cuatro tubos agravó la crisis energética europea y desató una pugna de atribuciones que sólo Alemania ha mantenido, después de que Suecia y Dinamarca cerraran sus pesquisas en 2024 por falta de jurisdicción. El tribunal de Hamburgo deberá ahora examinar el escrito de acusación y fijar la fecha del juicio, mientras otros cinco sospechosos permanecen en busca y captura y un séptimo habría fallecido en el frente.