El gobierno japonés aprobó las nuevas directrices de política económica y fiscal para 2026, que marcan un giro respecto a la austeridad y prevén movilizar más de 370 billones de yenes (2,3 billones de dólares) en inversión acumulada público-privada hasta 2040 en 17 sectores estratégicos, entre ellos la inteligencia artificial y los semiconductores. La estrategia, la primera bajo la administración de la primera ministra Sanae Takaichi, se fija como meta elevar el PIB nominal a cerca de 1.100 billones de yenes y alcanzar un crecimiento real superior al 1 % y nominal por encima del 3 %. El plan busca romper lo que en Tokio describen como una tendencia de excesiva restricción fiscal e infrainversión de largo plazo.

El mecanismo se apoya en dos pilares: inversión en gestión de riesgos para minimizar vulnerabilidades de seguridad económica e inversión en crecimiento para fortalecer sectores con ventaja competitiva. Una pieza central es la creación de un cargo de alto nivel que coordine las políticas de estandarización tecnológica, hoy dispersas entre ministerios, con el fin de posicionar normas japonesas como referencia internacional. La medida responde a un escenario donde, desde la óptica de Bruselas, la UE acopla su Ley de IA a estándares comunes de gestión de riesgos y calidad de datos, mientras Washington y Pekín lideran las discusiones sobre especificaciones técnicas y estrategias nacionales de estandarización, respectivamente. En paralelo, el gobierno impulsará clústeres industriales en cada bloque regional, con programas de gobiernos locales y subsidios centrales para atraer inversión a gran escala y eliminar brechas de infraestructura de transporte.

En el plano internacional, la estrategia se entrelaza con el compromiso de invertir 550.000 millones de dólares en proyectos en Estados Unidos, un acuerdo que permitió a Tokio asegurar un arancel del 15 % frente a la amenaza inicial del 25 %. Hasta ahora, sin embargo, solo se han comprometido 2.200 millones de dólares en financiamiento para el primer paquete de obras, que incluye una terminal de exportación de petróleo en Texas y una planta de reactores nucleares modulares en Tennessee. Los megabancos japoneses enfrentan altos costos para obtener fondos en dólares, lo que ha llevado al gobierno a evaluar el uso de reservas de divisas. La posible participación de bancos estadounidenses como JPMorgan aliviaría el cuello de botella, aunque los proyectos de infraestructura conllevan riesgos de retorno a décadas. Al mismo tiempo, Tokio actualizó por primera vez en cinco años su código de gobierno corporativo para instar a las juntas directivas a priorizar I+D y fusiones sobre las recompras de acciones, y a gestionar riesgos cibernéticos y de cadenas de suministro.

La estrategia financiera incluye un cambio estructural en los activos de los hogares: elevar la proporción de acciones, fondos de inversión y bonos del 23 % actual al 40 % en 2040, mediante programas de exención fiscal y una revisión de los bonos gubernamentales para individuos. El Fondo de Inversión de Pensiones del Gobierno profundizará las inversiones alternativas, y la Agencia de Servicios Financieros creará un consejo sobre tecnología de cadena de bloques. El próximo hito concreto será la decisión sobre una posible reducción del impuesto al consumo en alimentos y bebidas, prevista para principios de agosto, que pondrá a prueba la flexibilidad fiscal de este nuevo enfoque expansivo.