Los Carabinieri del ROS arrestaron en Roma a dos ex agentes de la Agencia de Información y Seguridad Interior (AISI) —Gavino Raoul Piras y Vincenzo Di Pasquale, ambos de 59 años— acusados de espiar para un presunto agente de la inteligencia rusa acreditado como diplomático y protegido por inmunidad. Según la fiscalía de Roma, Piras, antiguo suboficial condecorado por Estados Unidos por su labor en Afganistán e Irak, mantenía contacto exclusivo con el operativo ruso y le entregaba información sensible sobre defensa, sistemas informáticos y la identidad de agentes de contrainteligencia italianos, obtenida a través de una red de seis fuentes, entre ellas cuatro militares en activo con altos niveles de confidencialidad. Los encuentros, documentados con videovigilancia, incluían el intercambio de notas en papel, teléfonos ocultos en microondas y tarjetas de memoria camufladas en grietas de muros.

Desde Roma, el ministro de Defensa, Guido Crosetto, calificó el caso como “la punta de un iceberg gigantesco” de una guerra híbrida compuesta por “enemigos externos y traidores internos” y subrayó que no habrá tolerancia con quienes pongan en riesgo la seguridad de la República. El Comité Parlamentario para la Seguridad de la República (Copasir) anunció que solicitará información al Gobierno y a las fiscalías ordinaria y militar, mientras que la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Pina Picierno, vinculó los métodos detectados con “los viejos métodos del KGB” y defendió la necesidad de invertir en defensa. La oposición, en voz de Riccardo Magi (+Europa), calificó los hechos de “inquietantes”.

En Moscú, la embajada rusa en Roma no emitió comentarios inmediatos, según reportó The Moscow Times. Medios rusos como Kommersant recogieron la noticia sin posicionamiento oficial, aunque enmarcaron el episodio dentro de una tendencia más amplia de detenciones por espionaje en Alemania, Polonia, Países Bajos y Suecia, que las autoridades de esos países atribuyen a operaciones de los servicios rusos. Analistas en Bruselas señalan que este tipo de acciones se inscriben en una campaña sistemática de desestabilización contra países que apoyan a Ucrania, y recuerdan que Italia ha sido objeto de ciberataques atribuidos a Moscú, incluidos aquellos contra sedes ministeriales e instalaciones olímpicas.

La investigación, iniciada en mayo de 2025 a raíz de una alerta de la propia AISI, ha derivado en dos procedimientos penales paralelos —ordinario y militar— y en registros informáticos y domiciliarios que permitieron incautar 20.000 euros en efectivo. El presunto agente ruso permanece en Italia amparado por su estatus diplomático. El caso evoca la condena en 2023 del capitán de fragata Walter Biot a casi 30 años de prisión por entregar documentos a un empleado de la embajada rusa, y según fuentes de la investigación citadas por la prensa italiana, no se descartan nuevas medidas cautelares. El Copasir ha asegurado que la actividad maliciosa rusa es “conocida y seguida con el máximo empeño”, mientras la fiscalía militar investiga a los cuatro uniformados por revelación de secretos con fines de espionaje.