Las autoridades iraníes ejecutaron en la madrugada del martes a Mohyeddin Abdollahi y Hossein Palani, condenados por pertenencia a un grupo vinculado al Estado Islámico y por rebelión armada contra la República Islámica, según confirmó la agencia judicial Mizan. La ejecución se llevó a cabo en la prisión central de Kermanshah, en el oeste del país, sin que se permitiera a los condenados una última visita familiar, de acuerdo con la Red de Derechos Humanos del Kurdistán.

De acuerdo con la versión oficial difundida por el poder judicial iraní, ambos formaban parte de una célula que se reorganizó tras el colapso del Estado Islámico en Irak y Siria, estableciéndose en las alturas de Bamu, en la frontera con Irak, con el objetivo de reclutar combatientes y planificar atentados en territorio iraní. Las fuerzas de seguridad los detuvieron tras un enfrentamiento en el que murieron tres miembros de la Guardia Revolucionaria. El tribunal los condenó a muerte tras un proceso que, según Teherán, incluyó la presentación de pruebas y la intervención de abogados defensores, y el Tribunal Supremo ratificó la sentencia.

Sin embargo, desde Ginebra, el relator especial de la ONU sobre derechos humanos en Irán y organizaciones como Amnistía Internacional han advertido que los juicios ante tribunales de seguridad iraníes se celebran a puerta cerrada y se basan con frecuencia en informes de inteligencia y confesiones que podrían haber sido obtenidas bajo tortura. La Red de Derechos Humanos del Kurdistán denunció que la ejecución se realizó de forma secreta, sin respetar el derecho a una última comunicación con los familiares, una práctica que, según fuentes de la diáspora iraní en Europa, se ha vuelto habitual en los últimos meses.

Las ejecuciones se inscriben en un marcado repunte de la pena capital en Irán. Según datos de Iran Human Rights, una organización con sede en Oslo, al menos 370 personas fueron ejecutadas en el primer semestre de 2026, y solo en junio se registraron 101 ejecuciones. El relator especial de la ONU ha señalado que la pena de muerte se está utilizando como herramienta de represión tras el inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel en febrero y las protestas de enero. El presidente del poder judicial iraní, Gholamhossein Mohseni-Ejei, ha instado a acelerar los procesos contra los detenidos en esos contextos, y una ley que endurece las penas por espionaje, aprobada tras el conflicto de doce días del verano pasado, ha proporcionado un marco legal para agilizar las ejecuciones.

En paralelo, testimonios de exreclusos recogidos por medios de la diáspora iraní en Londres describen condiciones carcelarias extremas en centros como la prisión de Teherán Grande, donde el hacinamiento obliga a dormir en el suelo, las plagas de insectos son constantes y el acceso a agua potable y medicamentos es limitado. Organizaciones de derechos humanos sostienen que este entorno facilita la extracción de confesiones forzadas y menoscaba las garantías procesales. Por el momento, la comunidad internacional sigue de cerca la evolución de las ejecuciones en Irán, y se espera que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aborde la situación en su próximo período de sesiones.