En la madrugada del domingo, Estados Unidos ejecutó una segunda oleada de bombardeos sobre infraestructura militar iraní en la costa sur, según confirmó el Mando Central estadounidense (CENTCOM). El Ministerio de Exteriores de Irán condenó de inmediato la operación como una “violación flagrante” del memorando de entendimiento firmado el 17 de junio para poner fin a la guerra bilateral, así como del artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de cualquier Estado. Los ataques alcanzaron sistemas de vigilancia, comunicaciones, defensas aéreas y almacenes de drones, según el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

Desde Teherán se sostiene que la acción demuestra la “escasa credibilidad” de Washington y que “la ruptura de promesas forma parte de su naturaleza”, un argumento recurrente en la narrativa diplomática iraní que se refuerza con la invocación del artículo 51 de la Carta —derecho inmanente a la legítima defensa— y con la exigencia de que el Consejo de Seguridad y el secretario general de la ONU asuman sus responsabilidades. En el terreno, la respuesta militar iraní no se hizo esperar: el IRGC anunció el lanzamiento de misiles balísticos y drones contra ocho blancos estadounidenses, incluidas la base aérea Ali Al Salem en Kuwait y las instalaciones de la Quinta Flota en Baréin, una operación conjunta de las fuerzas naval y aeroespacial presentada como represalia directa. Altos mandos iraníes advirtieron que toda nueva agresión recibirá una “respuesta aplastante” y que, a partir de ahora, actuarán con mayor firmeza en el estrecho de Ormuz.

Analistas en Moscú, citando informes de las agencias rusas, señalan que esta escalada pone en jaque el frágil equilibrio alcanzado tras el cese de hostilidades de abril y la firma remota del memorando —conocido también como Acuerdo de Islamabad— que estableció un alto el fuego inmediato y un período de 60 días para negociar el programa nuclear iraní y el alivio de sanciones. CENTCOM justificó los bombardeos como respuesta a la “continua agresión iraní contra el transporte marítimo comercial” en el golfo Pérsico, en particular el ataque al buque tanque M/T Kiku en el estrecho de Ormuz el día anterior. Observadores en América Latina subrayan que el recrudecimiento de las tensiones en una vía estratégica para el suministro global de crudo genera inquietud en los mercados energéticos, con potenciales repercusiones para las economías exportadoras de la región.

El contexto mediato revela que los compromisos bilaterales ya venían erosionados. Apenas un mes antes, el 28 de mayo, fuerzas estadounidenses derribaron drones iraníes y destruyeron una estación de control en Bandar Abbás, un incidente que Irán calificó de violación del derecho internacional. En junio, los bombardeos israelíes contra instalaciones nucleares en Natanz, Fordo e Isfahán —que Teherán atribuyó a una autorización tácita de Washington— tensaron aún más la cuerda diplomática. Por ello, expertos en seguridad de la región del Golfo interpretan la actual ofensiva iraní no solo como un acto de represalia, sino como un mensaje de que el proceso de normalización puede descarrilar definitivamente.

Hasta el momento, la administración estadounidense no ha emitido una respuesta oficial a las acusaciones iraníes. El Consejo de Seguridad de la ONU, bajo la presidencia rotatoria actual, evalúa la posibilidad de una sesión de emergencia. Mientras, Teherán insiste en que cualquier violación del alto el fuego paralizará las conversaciones previstas en el memorando, y el IRGC advierte que las bases regionales de Estados Unidos “experimentarán el infierno” si prosiguen los ataques. La comunidad internacional, desde Bruselas hasta las capitales latinoamericanas, observa con preocupación el deterioro de un acuerdo que era visto como el último dique antes de una confrontación mayor en Oriente Medio.