La noche del sábado, un comando de Jamaat-ul-Ahrar —escisión del proscrito Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP)— irrumpió en el cuartel regional de los Sindh Rangers en Karachi con un vehículo cargado de explosivos y armas de fuego. Según el ejército paquistaní, el asalto fue sofocado tras un tiroteo de casi 90 minutos en el que murieron al menos tres efectivos paramilitares y tres insurgentes; un cuarto atacante, de nacionalidad afgana, resultó capturado. Portavoces castrenses afirmaron que las operaciones continúan en la zona, la más poblada del país, mientras testigos reportaron estampidos y columnas de humo en un barrio donde se concentran universidades e instituciones oficiales.

En respuesta inmediata, Islamabad ejecutó lo que describió como una operación terrestre basada en inteligencia y "bombardeos calibrados" contra refugios y campamentos de Jamaat-ul-Ahrar y del TTP —al que designa como Fitna al-Khwarij— en los distritos afganos de Paktia, Paktika y Kunar. El ministro de Información paquistaní, Attaullah Tarar, informó desde la red X la muerte de 29 milicianos, incluido un comandante de alto valor identificado como Khan Farosh, así como la destrucción de grandes cantidades de armamento. Kabul no emitió una reacción oficial de inmediato, aunque ha negado reiteradamente permitir el uso de suelo afgano para acciones transfronterizas, en una dinámica de acusaciones recíprocas que se ha intensificado desde 2021.

Casi en paralelo, el primer ministro Shehbaz Sharif, durante una visita a Karachi, sostuvo que el ataque evidencia el uso de "representantes" (proxies) por parte de India para desestabilizar Pakistán, una alegación que no fue acompañada de pruebas. Desde Nueva Delhi, el portavoz de la cancillería, Randhir Jaiswal, calificó las afirmaciones de "infundadas" y exigió que Pakistán "deje de señalar a otros, mire hacia dentro, tome medidas creíbles contra la infraestructura terrorista en su territorio y abandone su propensión a recurrir al terrorismo como instrumento de política de Estado". La réplica sigue un guion habitual de tensión bilateral; analistas en la región observan que Islamabad suele invocar la supuesta intervención india tras atentados reivindicados por el TTP o sus facciones, sin aportar elementos verificables.

El atentado de Karachi es el más grave en la ciudad desde que una explosión contra un convoy chino cobró la vida de dos ciudadanos de ese país en octubre de 2024. Se inscribe en un repunte de la violencia militante que, según fuentes de seguridad paquistaníes, ha tenido como blanco frecuente a las fuerzas del orden durante los últimos años. Mientras el gobierno paquistaní promete continuar a "pleno ritmo" la eliminación del "terrorismo patrocinado desde el exterior", los talibanes afganos insisten en que no ofrecen santuario a grupos insurgentes. En este frágil tablero, las operaciones militares unilaterales y las acusaciones sin evidencias no hacen sino profundizar la desconfianza entre Islamabad y Kabul, al tiempo que mantienen abierta una carpeta diplomática de baja intensidad en la que Nueva Delhi se niega a ser parte.