El Ministerio de Asuntos Exteriores de India afirmó esta semana que el pasaporte indio es un documento de viaje expedido para regular la salida de ciudadanos del país y no una prueba de ciudadanía, según declaró su portavoz Randhir Jaiswal. La aclaración se produce en plena Revisión Intensiva Especial (SIR) del censo electoral, un proceso que, de acuerdo con datos de la Comisión Electoral recogidos por la prensa india, ha supuesto la eliminación de aproximadamente 6,5 millones de electores en nueve estados y tres territorios de la Unión. La cancillería subrayó que menos del 8 % de la población posee pasaporte y que su emisión se rige por la Ley de Pasaportes de 1967, la cual, según fuentes gubernamentales, permite en circunstancias excepcionales expedir el documento a personas que no son ciudadanas.

Desde la oposición, liderada por el Partido del Congreso, se advierte que esta interpretación jurídica, unida a la exclusión de documentos como la tarjeta Aadhaar o el carné de votante de la fase inicial de verificación electoral, traslada la carga de la prueba al ciudadano y abre la puerta a privaciones arbitrarias de derechos. La SIR exige a quienes no figuraban en los padrones de 2003 documentos adicionales que acrediten el lugar y la fecha de nacimiento propios y de sus progenitores, con plazos de apenas un mes en estados con alta migración laboral como Bihar. Analistas en Nueva Delhi señalan que la controversia ha hecho visible un vacío legal de larga data: India carece de un documento único que acredite de forma concluyente la ciudadanía por nacimiento, más allá del certificado de naturalización para extranjeros.

Este debate interno coincide con un refuerzo global de los controles documentales. En el sudeste asiático, el Gobierno tailandés mantuvo la exención de visado para turistas indios, pero redujo la estancia máxima de 60 a 30 días tras constatar un descenso de llegadas ante la incertidumbre normativa, según informó su ministro de Turismo. En Europa, el Ministerio del Interior español ha intensificado la verificación de pasaportes de ciudadanos ecuatorianos, colombianos y venezolanos, exigiendo una vigencia mínima de tres meses más allá de la fecha de salida del espacio Schengen y rechazando documentos deteriorados o con más de diez años de antigüedad. Paralelamente, Estados Unidos mantiene su Programa de Exención de Visado para 43 países, que exige una autorización electrónica (ESTA) y no permite trabajar ni estudiar, según el Departamento de Seguridad Nacional.

La confluencia de estas medidas refleja, desde la óptica de Bruselas y de capitales asiáticas, una tendencia a disociar el documento de viaje de la condición jurídica de nacional y a reforzar la verificación previa al embarque. El pasaporte indio, que según el índice Henley ocupa el puesto 80 con acceso a 56 destinos sin visado previo, ha visto caer su posición relativa pese a mantener las mismas facilidades de movilidad. La revisión electoral india continuará en fases sucesivas, mientras el Gobierno mantiene que la ciudadanía se rige por la Ley de Ciudadanía de 1955 y no por el pasaporte, sin que se haya anunciado una modificación legislativa.