El Parlamento de Hungría aprobó este lunes una enmienda constitucional que pone fin de forma inmediata al mandato del presidente Tamás Sulyok, una de las figuras más visibles del entramado institucional heredado del gobierno de Viktor Orbán. La votación, con 139 votos a favor y seis en contra, fue boicoteada por los diputados del partido Fidesz, que abandonaron el hemiciclo en señal de protesta. La reforma, impulsada por el primer ministro Péter Magyar y su partido Tisza —que cuenta con una supermayoría de dos tercios—, entrará en vigor una vez que el propio Sulyok la promulgue, para lo que dispone de un plazo de cinco días. Si se niega, el Gobierno ha anunciado que iniciará de inmediato un procedimiento de destitución por la vía del impeachment.

Desde la óptica del Ejecutivo de Budapest, la medida es una pieza central del mandato recibido en las elecciones de abril para desmantelar lo que Magyar califica como un “Estado capturado”. El primer ministro acusa a Sulyok de haber sido un “títere” de Orbán, de guardar silencio ante abusos de poder y de priorizar siempre los intereses del antiguo régimen sobre la constitucionalidad. Fidesz, por su parte, denuncia la enmienda como un acto “autocrático” y una muestra de la “tiranía” del nuevo Gobierno, y la semana pasada organizó una manifestación de apoyo al presidente. Sulyok, que fue elegido en 2024 para un mandato de cinco años, ha calificado la reforma de inconstitucional y ha solicitado un dictamen a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, cuya delegación ya visitó Budapest a principios de julio, aunque el informe aún no se ha hecho público.

La enmienda constitucional incluye otras disposiciones de calado. Establece un límite de doce años o tres mandatos para los diputados, lo que impediría a varios políticos de la oposición presentarse a la reelección en 2030. Reintroduce la edad de jubilación obligatoria de 70 años para los jueces del Tribunal Constitucional, forzando la salida de cuatro de los quince magistrados actuales, entre ellos el presidente del órgano, Péter Polt, considerado un estrecho aliado de Orbán. Además, crea una Oficina Nacional de Recuperación y Protección de Activos con amplios poderes para combatir la corrupción, un fenómeno que, según observadores internacionales, fue endémico durante la etapa anterior.

La reforma ha generado un debate jurídico y político que trasciende las fronteras húngaras. Organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, con sede en Europa, han advertido que la destitución del presidente debe respetar las garantías del debido proceso y no replicar los métodos que caracterizaron la era Orbán. En cambio, juristas como András Baka, expresidente del Tribunal Supremo húngaro —cuyo propio mandato fue acortado en 2011 por una medida similar del Gobierno de Fidesz—, sostienen que Hungría se convirtió en un “Estado capturado” y que las medidas extraordinarias están justificadas para restaurar el orden constitucional. Una encuesta de mayo del centro de investigación 21 Research Center indica que el 67 % de los húngaros respalda la salida de Sulyok, lo que refleja un amplio apoyo social a la agenda de Magyar.

El expediente queda ahora a la espera de la decisión de Sulyok. Si se niega a firmar, el Parlamento puede activar el impeachment con su mayoría de dos tercios, lo que suspendería al presidente de sus funciones y transferiría temporalmente sus poderes a la presidenta de la Cámara, Ágnes Forsthoffer, miembro de Tisza, quien entonces promulgaría la enmienda. El dictamen de la Comisión de Venecia, aunque no vinculante, podría influir en la percepción internacional del proceso. Mientras tanto, Magyar ha anunciado que en otoño se pondrá en marcha un proceso de consulta pública para elaborar una nueva Constitución que sustituya la Ley Fundamental introducida por Orbán.