El Ministerio de Salud de la India duplicó esta semana los límites financieros para que los funcionarios del plan de salud de empleados públicos (CGHS) autoricen reembolsos y procedimientos costosos sin escalarlos a instancias superiores. Los directores adicionales en las ciudades podrán aprobar hasta 1,5 millones de rupias —antes 700.000— y el director general hasta 5 millones, con el objetivo de acortar los tiempos de espera de millones de beneficiarios. La medida, de efecto inmediato, busca descongestionar un sistema donde las demoras en cirugías y tratamientos especializados generaban incertidumbre clínica y financiera.

En Europa, los esfuerzos por agilizar la atención sanitaria muestran avances dispares. En la región sueca de Kalmar, la línea de asesoramiento telefónico 1177 redujo la espera media a algo más de 12 minutos en mayo, con la meta de que todas las llamadas se respondan en menos de 9. Las autoridades locales atribuyen la mejora a la colaboración nocturna con otras regiones y a la reorganización de tareas administrativas. En contraste, en Emilia-Romaña, Italia, ciudadanos y parte de la clase política denuncian un nuevo aumento de los tiempos para pruebas diagnósticas, mientras el gobierno regional sube los copagos farmacéuticos e incentiva a los médicos de familia a prescribir menos exámenes. Clínicas privadas acreditadas han ofrecido absorber más intervenciones, pero, según analistas locales, la administración frena los acuerdos por razones presupuestarias e ideológicas.

En América Latina, dos prórrogas recientes ilustran la dificultad de imponer registros obligatorios sin una arquitectura de confianza. México extendió hasta fin de año el plazo para vincular las líneas celulares a la identidad oficial, con un calendario escalonado según el último dígito del número. La medida afecta a 83 millones de líneas aún no registradas —dos tercios del total— y, según datos del INEGI, al 79,9 % de los usuarios de prepago, el segmento más vulnerable. Analistas en Ciudad de México advierten que la desconexión forzosa por incumplimiento cortaría el acceso a internet del 97,2 % de los usuarios que solo se conectan por teléfono móvil. Brasil, por su parte, postergó hasta enero de 2027 la obligatoriedad del CNPJ para personas físicas que emiten documentos fiscales, a fin de desarrollar un sistema simplificado inspirado en el microemprendedor individual.

El próximo hito será el 15 de agosto, cuando venza el primer escalón del registro celular mexicano para números terminados en cero. En Brasil, el entorno de pruebas para el nuevo sistema tributario se habilitará en noviembre de 2026. Mientras, en India, la delegación de poderes financieros ya está en vigor, y su impacto se medirá en las próximas semanas por la reducción de expedientes elevados a las oficinas centrales. El común denominador es la tensión entre la eficiencia administrativa y la inclusión: acelerar trámites sin dejar atrás a quienes dependen de servicios públicos esenciales.